El anuncio de expropiación que el Procurador del estado Vargas manifestó que pretendía ejecutar sobre la agencia de Pepsi-Cola Venezuela ubicada en Catia La Mar, es absolutamente ilegal y carece de justificación, tal como quedó evidenciado en el acta levantada hoy en su visita.
“Es falso que hoy se haya iniciado formalmente un proceso de expropiación sobre esta agencia, dado que no existen las causas para aplicar tal medida, ni se han cumplido ninguna de las exigencias que establece la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública. No hemos recibido ningún oficio, ni existe o ha sido publicado en Gaceta Oficial acto alguno para ejecutar esta medida”, aseguró Alejandro Simancas, gerente de la agencia.
Por su parte, el trabajador Luis Enrique Cartaya, expresó: “En Pepsi-Cola Venezuela somos una familia y como tal defenderemos nuestros puestos de trabajo unidos. Estamos aquí trabajando digna y honestamente para cumplir con el compromiso que tenemos con los consumidores del estado Vargas y vamos a seguir haciéndolo. Diariamente distribuimos productos de excelente calidad y aquí estaremos en pie de lucha defendiendo a la empresa y a nuestro trabajo. Rechazamos totalmente esta actuación improvisada del Procurador y cualquier anuncio de medida alguna que pretenda poner en riesgo nuestro trabajo”.
Pepsi-Cola Venezuela y los 111 trabajadores de la agencia rechazan este atropello contra una instalación que está operando normalmente y que cumple con todo lo establecido en las leyes venezolanas. Las operaciones de la agencia continuarán realizándose normalmente.
Narró el gerente que “el procurador, acompañado por efectivos de la Guardia Nacional y la policía de la entidad, llegó en busca de unos supuestos alimentos acaparados y fue evidente para todos que desde esta agencia solo se distribuye agua mineral, jugos y refrescos que llegan oportunamente a toda la población venezolana”.
Aclaró el vocero que para llevar a cabo una medida de expropiación, hay supuestos que tienen que cumplirse. “El primer paso es la declaratoria de utilidad pública del inmueble hecha mediante Ley. En este caso no hay una causa de utilidad pública que justifique la expropiación de una instalación productiva, que genera empleo a más de 100 personas de la entidad y distribuye productos de calidad a más de 3.500 clientes, cumpliendo con toda la normativa vigente”.
Pepsi-Cola Venezuela cumple cabal y oportunamente con todas sus permisos legales y sigue operando para cumplir con el compromiso que tiene con los consumidores venezolanos.
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El anuncio de expropiación que el Procurador del estado Vargas manifestó que pretendía ejecutar sobre la agencia de Pepsi-Cola Venezuela ubicada en Catia La Mar, es absolutamente ilegal y carece de justificación, tal como quedó evidenciado en el acta levantada hoy en su visita.
“Es falso que hoy se haya iniciado formalmente un proceso de expropiación sobre esta agencia, dado que no existen las causas para aplicar tal medida, ni se han cumplido ninguna de las exigencias que establece la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública. No hemos recibido ningún oficio, ni existe o ha sido publicado en Gaceta Oficial acto alguno para ejecutar esta medida”, aseguró Alejandro Simancas, gerente de la agencia.
Por su parte, el trabajador Luis Enrique Cartaya, expresó: “En Pepsi-Cola Venezuela somos una familia y como tal defenderemos nuestros puestos de trabajo unidos. Estamos aquí trabajando digna y honestamente para cumplir con el compromiso que tenemos con los consumidores del estado Vargas y vamos a seguir haciéndolo. Diariamente distribuimos productos de excelente calidad y aquí estaremos en pie de lucha defendiendo a la empresa y a nuestro trabajo. Rechazamos totalmente esta actuación improvisada del Procurador y cualquier anuncio de medida alguna que pretenda poner en riesgo nuestro trabajo”.
Pepsi-Cola Venezuela y los 111 trabajadores de la agencia rechazan este atropello contra una instalación que está operando normalmente y que cumple con todo lo establecido en las leyes venezolanas. Las operaciones de la agencia continuarán realizándose normalmente.
Narró el gerente que “el procurador, acompañado por efectivos de la Guardia Nacional y la policía de la entidad, llegó en busca de unos supuestos alimentos acaparados y fue evidente para todos que desde esta agencia solo se distribuye agua mineral, jugos y refrescos que llegan oportunamente a toda la población venezolana”.
Aclaró el vocero que para llevar a cabo una medida de expropiación, hay supuestos que tienen que cumplirse. “El primer paso es la declaratoria de utilidad pública del inmueble hecha mediante Ley. En este caso no hay una causa de utilidad pública que justifique la expropiación de una instalación productiva, que genera empleo a más de 100 personas de la entidad y distribuye productos de calidad a más de 3.500 clientes, cumpliendo con toda la normativa vigente”.
Pepsi-Cola Venezuela cumple cabal y oportunamente con todas sus permisos legales y sigue operando para cumplir con el compromiso que tiene con los consumidores venezolanos.