El 4 de febrero de 1992 un golpe militar fallido intentó derrocar al entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Estuvieron comprometidas en la asonada, guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal.
El alzamiento—denominado Operación Zamora—se inició en la tarde del día 3 y estalló en la noche, al retornar al país el presidente Pérez, luego de su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos (Suiza). Los responsables eran miembros de una agrupación clandestina existente en el seno de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano MBR-200.
Dicha organización fue fundada en 1983 por los entonces capitanes del Ejército Hugo Chávez Frías, Felipe Acosta Carlés y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban como instructores de la Academia Militar. Debido a que entre sus miembros figuraban oficiales de graduaciones medias tales como comandantes, mayores, capitanes, tenientes y tenientes-coroneles, dicho movimiento se conoció como COMACATE. Asimismo, buena parte de los integrantes pertenecían a la promoción Simón Bolívar, la cual egresó de la Escuela Militar en 1975.
En relación a las razones argumentadas por los oficiales golpistas, tenemos que las mismas eran la gestión política y económica del Presidente Pérez; el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares; la subordinación de las Fuerzas Armadas a un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, en la represión de los disturbios del 27 de febrero de 1989; el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia; el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja de las tropas; y el empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización. De acuerdo con los alzados su acción estaba justificada por la interpretación del artículo 132 de la Constitución Nacional de 1961, según el cual se consagraba a las Fuerzas Armadas la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, el cual estaba siendo vulnerado por el Gobierno de Pérez. No obstante, a pesar de lo anterior en entrevistas concedidas a la prensa, lo golpistas señalaron que lo mismos estaban conspirando desde hacía 10 años antes, aproximadamente durante el gobierno de Luis Herrera Campíns.