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En Venezuela todos estamos condenados a muerte. Y aquí no existe la pena capital señalada para crímenes horribles. Pero estamos condenados por un régimen que desprecia la vida y derechos de los venezolanos. Lo malo de esto es que todos, absolutamente todos los 28 millones de venezolanos, estamos en riesgo.
Hay la muerte física: 160.000 venezolanos han perecido en manos del hampa entre 1999 y 2012. No es que la situación antes fuera color de rosa: Hilarión Cardozo, el último Ministro del Interior de la democracia pre-chavista, entregó la cartera con un saldo de 4.500 muertes violentas en 1998. Chávez ganó con un ácido discurso contra la inseguridad.
Los homicidios han crecido 223% en los últimos 14 años. De 1999 para acá los asesinatos se multiplicaron por tres. Estos son números y tal vez suenen huecos si no se les pone el nombre, el apellido y el dolor de la familia de los muertos.
Los padres y madres de este país pasan noches de terror cuando sus hijos salen. El 70% de las muertes violentas son de menores de 30 años. Los jóvenes están condenados a muerte en Venezuela, cuando van a actividades tan propias de su edad como ir a una fiesta, cenar o ir al cine con los amigos. Miles de ellos han abandonado el país para salvar su vida y poder desarrollar una existencia normal, en la cual puedan salir, estudiar, trabajar y envejecer sin que los maten o los asalten.
Los padres venezolanos asumen la separación de sus hijos como el precio que deben pagar para mantenerlos con vida. Muchos deben quedarse para trabajar y financiarlos en el exterior. Prefieren todos los sacrificios antes de pasar por lo que tantas familias venezolanas han pasado: padres enterrando a sus hijos amados, a veces a sus hijos únicos, infamemente asesinados para robarles un carro, un celular o porque tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Los personeros del gobierno se excusan, después de 20 planes de seguridad fracasados, diciendo que ese problema lo heredaron, que la seguridad es asunto de todos y que las alcaldías y gobernaciones de oposición tienen policías que no colaboran con ellos. La excusa es la confesión de su ineptitud. Sencillamente no les ha interesado resolver el problema, que es muy complejo, que implica voluntad política y una unidad nacional para hacer frente común al hampa.
93% de impunidad, un discurso de violencia ordenada desde las alturas del poder, la desidia en combatir la delincuencia (supuestamente, los hampones son revolucionarios), nos llevan a niveles invivibles de inseguridad. Hemos dejado de hacer una vida normal porque estamos dominados por el miedo: no salimos de noche, no caminamos por las calles, no vamos ni a la panadería de la esquina a pie, no transitamos por zonas que consideramos peligrosas, no visitamos a familiares y amigos que viven retirados o en zonas solitarias, no usamos ni siquiera aros de matrimonio o joyas que llamen la atención, llevamos las carteras apretadas bajo el brazo, nos cambiamos de acera si vemos alguien “raro”, entramos y salimos de los carros corriendo y mirando para todos lados. Hasta nos da miedo ir a sitios hermosos pero solitarios, los viajes en carro, las idas a la playa, todo se ha convertido en “peligroso”.
No sólo estamos condenados a muerte, sino a una vida anómala, en la cual cada vez más nos encerramos en la burbuja de la casa o del trabajo, eliminando salidas no indispensables o actividades que confronten algún riesgo de seguridad, que a estas alturas, son casi todas.
Pero no sólo las balas causan la muerte de venezolanos. La inseguridad que nos rodea abarca el transporte público, las carreteras, las vías abandonadas, oscuras, pasto del hampa desbordada. Los accidentes de tránsito se han triplicados en los últimos cinco años gracias, además de la imprudencia de los conductores, al deterioro del sistema vial y a los obstáculos que los delincuentes ponen en la vía para hacer que se detengan los carros. Los accidentes de tránsito son la tercera causa de muerte en Venezuela.
Mandela dice que sabemos cómo es un gobierno por la manera como trata a sus presos. Aparte de deslindarse internacionalmente de la responsabilidad que tiene sobre las cárceles y la vida de los presos (o “privados de libertad” como eufemísticamente los llaman), el gobierno venezolano tienen un record mundial: desde 1999 han muerto 5.370 presos y 15.131 fueron heridos. Una persona tiene un 44 % más posibilidades de morir dentro de una prisión que se supone un recinto cerrado y vigilado, que en libertad. Y es que en las cárceles como en la calle, las armas circulan libremente. Un gobierno que gasta 8.000 millones de dólares en armas y equipos bélicos, que ha armado a civiles- muchos de ellos con antecedentes penales- a cuenta de las milicias, que premia la agresión al contrario, no puede sino tener este saldo rojo donde es muy revolucionario deshacerse de los “sifrinos, burguesitos, oligarcas”, como llama el Vice a quienes no le igualan el currículo.
La injusticia también condena a muerte. Que lo digan la juez Afiuni o el comisario Simonovis, contra quienes la venganza oficial actúa a costa de sus vidas. “No estoy envejeciendo, me están matando”, dijo Simonovis, a quien una medida de gracia por su estado de salud le ha sido negada, revelando el talante despiadado de unos gobernantes que están allí gracias a la misericordia de la democracia, que perdonó a los golpistas del 4F y liberó a más de 700 militares que se alzaron con las armas de la República en contra de un gobierno constitucional.
Los venezolanos afrontamos la condena a muerte de nuestros derechos. Vivimos en un mundo al revés, donde ser chavista es la patente de corso para los abusos y arbitrariedades, para disfrutar de todas las prebendas inmerecidas que da el poder. No ser chavista es ser un ciudadano de tercera, botado de su trabajo si no va a las marchas con la franela roja, sin derecho a tener una vivienda, comprar en Mercal, gozar una pensión. ¿O es que ustedes no saben de la discriminación de las patrullas socialistas, similares a las cubanas, que anotan en los barrios a quienes no son chavistas para pasarlos en una lista negra a los consejos comunales, para que no los incluyan en ningún plan gubernamental?
Apoyar a los trabajadores tengan razón o no, reformar las leyes para llenar de cargas laborales a las empresas, crear sindicatos cuyo único fin es sabotear las operaciones, ha condenado a muerte a la empresa privada y por lo tanto a miles de venezolanos dueños de grandes y pequeños establecimientos, Cierran porque no soportan ya que los sindicatos sin criterio profesional alguno les impongan correligionarios cuya credencial para el cargo es el carnet del partido; no poder despedir a quienes incumplen impacta la nómina, reduce la productividad y lleva a tomar decisiones de bajar la santamaría.
La escasez mortal de bienes y servicios que vive Venezuela no es más que el reviente de una situación inaguantable, en la que los productores agobiados por las expropiaciones, inseguridad, la falta de insumos y divisas, los problemas laborales y carencia de incentivos, ya no producen lo que años atrás. No hay sino que ver el puerto de Puerto Cabello para saber que la producción en el país está colapsada por un gobierno empeñado en acabar con la clase productora, prefiriendo sustituirla por importaciones cargadas de comisiones y corrupción.
La libertad de expresarse, pensar como se quiera, asociarse con quien desee, también está condenada a muerte. La persecución contra la disidencia ha arreciado en el interinato sospechosamente inconstitucional de quienes hoy están al mando de Venezuela, mostrando su bajísima calidad personal al amenazar, insultar, enjuiciar, usar todo el poder del estado contra quienes no son revolucionarios y están indefensos ante unos poderes públicos que les dan la espalda por no pertenecer a su tolda oficialista.
El peligroso concepto de los actuales gobernantes de “si estas con Chávez eres un venezolano patriota que mereces todo, si estás contra Chávez eres un apátrida, no quieres a Venezuela, estás vendido al imperio, vamos contra tí”, es acompañado por no sólo por amenazas sino por actos concretos de atropello que ponen en riesgo la seguridad pública y la misma estabilidad política que dicen defender. Esta conducta temeraria puede lanzar el país por un despeñadero de violencia y enfrentamientos difíciles de frenar, sobre todo por un gobierno conducido por personas de escaso ascendiente moral y político.
La provisionalidad de esta gente es peligrosa, sienten que deben radicalizar las acciones contra quien se oponga y desaparecer del mapa político cualquier rastro de disidencia, utilizando en forma bárbara el poder del cual disponen ilimitadamente.
Los poderes públicos en una democracia están para servir a todos los ciudadanos del país. Utilizarlos en su contra para mantenerse al mando es sencillamente una dictadura. En eso estamos… y a tal punto, que cuando vemos a uno disfrazado de Chávez y al otro disfrazado de teniente, hasta deseamos que el dueño regrese, porque los enanos le están acabando el circo.
Twitter:@charitorojas