Lozano recordó que problemas como la retención de más de 40 funcionarios militares en Uriman por parte de la comunidad indígena no son nuevos, ya que desde hace varios años vienen ocurriendo conflictos en las zonas mineras debido a la política represiva y violenta con la que el Gobierno Nacional ha decidido tratar el asunto.
Ejemplo de ello, según la vocera, fue la masacre ocurrida en La Paragua en septiembre de 2006, cuando efectivos del Ejército asesinaron a seis mineros, y los enfrentamientos que se acentuaron durante 2012 especialmente en los municipios Angostura, Sucre, Piar, Roscio y Gran Sabana.
“La respuesta oficial a la minería no puede ser con violencia y mafias, porque los indígenas han venido denunciando que los militares los extorsionan exigiéndoles oro y dinero que si no acceden a cancelar, entonces les queman sus pertenencias, los detienen, criminalizan y expulsan de los terrenos”, comentó.
Atropellos
En el caso de Uriman, dijo Lozano, varias semanas atrás los indígenas advirtieron las conductas desviadas de los integrantes del Plan Caura, quienes en una muestra de arbitrariedad y abuso de poder prohibieron los vuelos a la zona, impidiendo así la llegada de los víveres con los que estas comunidades subsisten.
Aseguró la dirigente de Voluntad Popular que pese a los llamados al diálogo realizados por los pemones, estos nunca fueron escuchados, lo que los llevó a tomar la drástica decisión de retener a los castrenses para exigir la presencia del vicepresidente Nicolás Maduro, y los titulares de Energía y Minas y Pueblos Indígenas.
“Los pemones dicen que están cansados del maltrato al que han sido sometidos por parte de los funcionarios militares, quienes habrían propinado tratos indignos a mujeres y hombres, cobrado vacunas y amparado mafias, lo que finalmente ha colmado la paciencia de estos pueblos”, indicó.
Adicionó la vocera que los capitanes indígenas también se quejaron porque los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomaron todas las pistas de aterrizaje de toda la zona sur del estado, impidiendo al igual que en Uriman, el normal desenvolvimiento de las actividades de las comunidades, entre ellas el abastecimiento.
“En Uriman son 600 pobladores, 180 de ellos niños que se encuentran incomunicados, sin suministro de alimentos e imposibilitados de trasladarse porque la única vía de comunicación es la aérea y la pista fue cerrada”, apuntó la declarante.
Ordenamiento
A juicio de Olivia Lozano, es inaceptable que mientras el Ejecutivo Nacional persigue y reprime a pequeños mineros tradicionales e indígenas, en paralelo entregue concesiones para la minería de oro y diamantes a empresas transnacionales chinas.
“Los mineros venezolanos tienen derecho a trabajar, ciertamente hay que ordenar las zonas donde se puede ejercer la minería y hacerla en las mayores condiciones de respeto y equilibrio con el ambiente, pero en ningún caso abolirla porque esa es una actividad económica que existe en muchos países del mundo como fuente de ingresos, al igual que la industria petrolera”.
“Además la economía de gran parte del estado Bolívar gira entorno a la minería del oro y diamantes, como principal generadora de empleos, así que son miles de familias que en mayor o menor medida subsisten por esta labor”, añadió.
Por tales motivos, Lozano resaltó que es necesaria la preparación y aplicación de un plan de ordenamiento “que legalice el trabajo minero en los espacios que pueda hacerse y regule sus condiciones, facilitando el desarrollo para que de este modo el país reciba dividendos por esta riqueza, explotando los yacimientos con apoyo técnico y equilibrio ambiental”, finalizó.
Prensa Voluntad Popular Bolívar