El impopular gobierno paquistaní, que se prepara para celebrar elecciones en los próximos meses, se vio muy criticado el domingo por no mejorar la seguridad, después de que 81 personas murieran en un atentado religioso en la ciudad de Quetta.
Los líderes del país, que cuenta con armas nucleares, han hecho poco por contener a los grupos suníes que han aumentado su campaña de bombas y asesinatos contra la minoría chií.
El grupo Lashkar e Jhangvi (LeJ), considerado el más despiadado de los grupos armados suníes, reclamó el sábado la autoría del atentado en Quetta, que agravó las sospechas entre los chiíes sobre que las agencias de inteligencia paquistaníes dan la espalda al derramamiento de sangre o incluso apoyan a los extremistas.
“El ataque terrorista en la comunidad chií hazara de Quetta es un fracaso de las fuerzas de seguridad e inteligencia”, afirmó Nawab Zulfiqar Ali Magsi, gobernador de la provincia de Baluchistán, durante una visita a un hospital.
Los líderes de la comunidad chií hazara pidieron al Gobierno que tome medidas decididas y los paquistaníes advirtieron de que la violencia religiosa se está saliendo de control.
“El Gobierno es responsable de los ataques terroristas y muertes en la comunidad hazara porque sus fuerzas de seguridad no han realizado operaciones contra los grupos extremistas”, dijo Aziz Hazara, vicepresidente del Partido Democrático Hazara.
“Damos al Gobierno 48 horas para arrestar a los culpables implicados en la muerte de nuestra gente y después lanzaremos fuertes protestas”, afirmó.
La cifra de muertos del atentado del sábado subió durante la noche. La mayoría de las víctimas estaban en el principal bazar de la ciudad, capital de Baluchistán, cerca de la frontera con Afganistán.
La mayoría de los muertos eran miembros de la comunidad hazara. Un alto cargo de seguridad dijo que la cifra podría seguir aumentando porque 20 personas estaban heridas de gravedad.
El domingo, la gente buscaba supervivientes bajo bloques de cemento arrancados de los edificios por la explosión. Una gran mancha de sangre se veía en una pared cerca del lugar.
Muchas tiendas y bazares permanecían cerrados. Los parientes de los heridos respondieron a la petición de donaciones de sangre de los hospitales.
“El Gobierno sabe exactamente quién está haciendo qué y quién está detrás de todo esto”, dijo Mohamad Imram, un comerciante local. “Si el Gobierno quiere (impedirlo), nadie puede llevar ni un cuchillo de cocina a un mercado”.
POBREZA, CORRUPCIÓN, CORTES DE ENERGÍA
Los detractores del Gobierno dicen que las agencias de espionaje paquistaníes han apoyado en el pasado a grupos como LeJ para combatir a las fuerzas indias en Cachemira y que después no han conseguido controlarlos.
Ahora, los chiíes en Quetta y otras ciudades dicen sentirse bajo asedio. “Nos hemos cansado de recoger los cuerpos de nuestros seres queridos”, dijo Nasir Ali, un funcionario de 45 años. “He perdido a tres parientes hasta ahora en esas explosiones”.
LeJ también ha dicho estar detrás de una bomba el mes pasado en Quetta que mató a casi 100 personas, en uno de los peores atentados religiosos del país.
Después de ese incidente, los líderes chiíes pidieron al Ejército paquistaní que se encargara de la seguridad en la ciudad y combatiera al LeJ.
La creciente violencia religiosa suma presión sobre la Administración respaldada por Estados Unidos, que ya se enfrenta a una insurgencia talibán, para que ofrezca estabilidad.
“Este es un caso de barbarie y crueldad. Esto está pasando porque estamos divididos y no nos apoyamos entre nosotros”, dijo Malik Afzal, un estudiante suní.
“A menos que decidamos unirnos, seguiremos muriendo. Hoy han muerto ellos (los chiíes). Mañana moriremos nosotros (los suníes). Al día siguiente matarán a otros”.
Las autoridades de inteligencia dicen que los grupos extremistas, liderados por LeJ, quieren desestabilizar el país con la violencia y abrir camino a una teocracia suní.
Más de 400 chiíes murieron en incidentes violentos en Pakistán el año pasado, muchos a manos de sicarios o bombas. Algunos grupos chiíes de línea dura han respondido matando a clérigos suníes.
“Si el Gobierno no puede dar protección a nuestra comunidad, entonces dejadnos proteger a los nuestros”, dijo Ghulam Abas, de 32 años, empleado político del Partido Democrático Hazara.
El cisma entre suníes y chiíes se produjo después de que el profeta Mahoma muriera en el año 632, cuando sus seguidores no se pusieron de acuerdo sobre su sucesor. Reuters