Una jueza de Paraguay decretó hoy una condena de dos años de prisión para un joven de 17 años, uno de los 14 campesinos procesados por la matanza de Curuguaty (noreste) que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo.
La jueza Yanine Ríos, que tiene a su cargo el enjuiciamiento de los dos menores que forman parte de ese grupo de campesinos procesados, dictó esa sentencia, pero con la suspensión condicional de la pena hasta que sea firme, ya que ésta fue dictada en primera instancia, informó ABC Color en su edición digital.
El joven R.A.B.C., de 17 años, fue hallado culpable del cargo de asociación criminal en juicio, según relató la fuente, quien comentó que el menor es el primer condenado por el caso en curso.
Esta resolución judicial fue emitida el mismo día que el fiscal adjunto, Alejo Vera, confirmó la competencia del fiscal, Jalil Rachid, en el proceso que se sigue a doce de los campesinos detenidos, todos ellos mayores de edad.
Rachid había sido recusado por los abogados de los procesados al igual que el juez del caso, José Benítez, lo que motivó el día 14 pasado la suspensión de la audiencia preliminar en la que debía definirse la convocatoria a juicio contra los 12 procesados.
Esa suspensión no afectó al proceso que se sigue a los otros dos procesados que no han cumplido aún la mayoría de edad, según indicaron en su día fuentes judiciales.
Uno de los abogados de los campesinos Guillermo Ferreiro, anunció en declaraciones reproducidas por Última Hora que “recurrirán a todas las instancias” para insistir en la recusación del fiscal, al momento de advertir que Rachid “actúa con parcialidad” en el caso.
Una fuente de la Fiscalía dijo hoy a Efe que para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar para definir la posible convocatoria a juicio, también se debe expedir un Tribunal de Apelaciones sobre la recusación presentada contra el juez del caso.
El proceso en cuestión fue abierto tras la muerte de seis policías y once labradores en un tiroteo durante una operación policial de desalojo, el 15 de junio pasado.
El enfrentamiento se produjo entre grupos de campesinos “sin tierras” y agentes policiales en una finca de Curuguaty que se disputan el Estado y los familiares del ya fallecido empresario Blas N. Riquelme.
Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio pasado.
La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”, mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por “expertos tiradores” y no por los campesinos. EFE