Semejante oscurantismo informativo, impropio de cualquier Gobierno que respete a sus conciudadanos, no impide a los más conspicuos adláteres de Chávez —el vicepresidente Nicolás Maduro o el jefe del Parlamento, Diosdado Cabello— explayarse en declaraciones intempestivamente partidistas o beligerantes. O al ministro de Exteriores asegurar que el enfermo “no abandona sus competencias”. Durante este tiempo, la oposición, aparte de exigir transparencia informativa, se ha limitado a respetar la incertidumbre sobre el mandatario y abstenerse de cualquier movilización. Venezuela padece así una situación crecientemente insostenible, en la que la ciudadanía, víctima de un proceso característico de los regímenes unipersonales, desconoce el estado real del presidente y su pronóstico inmediato. Si el bloqueo informativo gubernamental legitima en la calle cualquier especulación, los hechos son especialmente graves desde el punto de vista institucional.
El presidente, reelegido en octubre pasado, no tomó posesión en enero de su nuevo mandato porque su salud le impedía regresar a Venezuela desde Cuba. El Tribunal Supremo avaló entonces la postergación del juramento. La incertidumbre actual exige de inmediato conocer la verdad sobre Chávez. Si está en condiciones de desempeñar el cargo, como afirma su canciller, tiene pendiente la jura aplazada y la designación de Gobierno. Pero si, como parece y cree la mayoría, la enfermedad le impide ejercer permanentemente el poder —extremo que debe acreditar ya una junta médica independiente del Ejecutivo— la única salida constitucional es la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Unas elecciones para las que ya se preparan quedamente los políticos venezolanos.
Publicado originalmente en el diario El País (España)