Los tres soldados bolivianos acusados en Chile de cruzar ilegalmente la frontera con un arma de guerra rechazaron hoy una salida alternativa al caso y optaron por comparecer a un juicio oral, una decisión que extenderá por meses el caso y que subió nuevamente la tensión entre los dos Gobiernos.
En la audiencia de hoy, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, cuyo titular, Rodrigo Hernández, dejó libres, con algunas medidas cautelares, a los reclutas Alex Choque, Augusto Cárdenas y José Luis Fernández, detenidos hace un mes por las autoridades chilenas y acusados de cruzar ilegalmente la frontera con un arma.
La Fiscalía había ofrecido hoy a los soldados Choque y Cárdenas la suspensión condicional del procedimiento, que les suponía la expulsión de Chile sin cargos, sólo con la prohibición de volver durante un año.
Mientras a Fernández, que portaba un fusil durante la detención, se le propuso un juicio abreviado, con una pena de tres años y un día de prisión que, inmediatamente después de ser dictada, se conmutaba también por la expulsión del país.
Manuel Guerra, fiscal jefe de la región de Tarapacá, lamentó el rechazo de la propuesta, que habría permitido a Choque y Cárdenas volver hoy mismo a Bolivia, y recordó que hace un tiempo ese país aceptó una oferta similar cuando catorce militares bolivianos fueron también detenidos en territorio chileno.
El soldado Fernández, en tanto, habría podido regresar a Bolivia en los próximos días, según la fuente.
Luego de la decisión de los reclutas, el juez dispuso que Choque y Cárdenas queden con arraigo nacional (prohibición de abandonar Chile) y firma semanal en una comisaría de Carabineros, mientras Fernández deberá cumplir además arresto domiciliario nocturno.
El desenlace de la audiencia, de la que anteriormente la Fiscalía y la Defensa habían dicho que esperaban un eventual acuerdo que llevara al cierre del caso, provocó en cambio un nuevo cruce de declaraciones entre los Gobiernos de ambos países.
Por un lado, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo desde La Paz que el Gobierno chileno tiene la culpa de que los soldados no hayan quedado libres sin cargos.
Morales afirmó que la justicia chilena “está sometida” al presidente Sebastián Piñera, a quien tildó de “mal vecino” y acusó de “desprestigiar” al pueblo chileno, mientras se declaró “orgulloso” del comportamiento de los soldados y consideró “un triunfo” que no sigan presos.
Insistió, además, en que la acusación a los soldados, que según su Gobierno fueron detenidos el 25 de enero pasado cuando perseguían a unos contrabandistas, es una “venganza” de Chile por la demanda boliviana de obtener una salida soberana al Pacífico, que su país perdió en una guerra del siglo XIX.
Si el presidente de Chile “quiere vengarse, que se vengue con Evo, no con tres conscriptos”, sostuvo el mandatario boliviano.
Por su parte, Chile, a través del canciller Alfredo Moreno, aseguró que la defensa de los tres soldados bolivianos estaba tomando “todas las acciones para demorar este proceso”.
Tras reunirse con el presidente Piñera, Moreno afirmó, además, que en Chile “no hay presos políticos ni ánimo de venganza”.
Los hechos, señaló, “son responsabilidad de las autoridades bolivianas” e insistió en que la defensa de los soldados “ha tomado todas las acciones para demorar este proceso (…), impidiendo el avance en el conocimiento de los hechos”.
“Además hoy ha rechazado los caminos ofrecidos por la Fiscalía para acelerar el proceso, a pesar de que ello significa que los soldados deberán extender su estadía en nuestro país”, añadió.
El canciller chileno anunció que el Gobierno seguirá realizando “todos los esfuerzos para acelerar la solución, dentro de su ámbito de competencia y con estricto apego al Estado de Derecho”.
“Lamentamos que el Gobierno boliviano no colabore en esta tarea y, por el contrario, realice declaraciones que se alejan de la verdad de los hechos y en un lenguaje que no corresponde al respeto que se deben nuestros países”, concluyó.
Durante la audiencia de hoy, el soldado Cárdenas había aceptado en principio la oferta de la Fiscalía, pero tras una conversación con sus compañeros y la defensa, se retractó.
Después Choque y Fernández rechazaron también la oferta, señalando que preferían que la investigación del caso siguiera su curso.
Mientras se extienda la investigación y se celebre el juicio, que podría tardar varios meses, los tres fijaron como domicilio la casa del diputado comunista chileno Hugo Gutiérrez, en la ciudad de Iquique.
Gutiérrez dijo que facilitó su hogar para ayudar a distender la tensión existente y para contribuir a una solución. EFE