EFE
Según un comunicado de la agrupación American Foundation for Equal Rights, la ley federal de Defensa del Matrimonio (conocida como DOMA, por sus siglas en inglés) requiere que los empleadores traten de manera diferente a sus empleados homosexuales dependiendo del estado del país en el que vivan, lo que supone una carga para los empresas a nivel nacional.
Tan solo doce de los 50 estados de EE.UU. permiten el matrimonio homosexual o reconocen aquellos realizados en estados que lo permiten.
En una petición similar, estas compañías solicitarán al Tribunal Supremo a que anule la llamada Proposición 8, ley que prohíbe el matrimonio homosexual en el estado de California.
“Mediante el señalamiento de que un grupo tendrá un tratamiento menos favorable, la Proposición 8 impide a los negocios alcanzar el ideal de operaciones eficientes, especialmente en la contratación y mantenimiento de personas con talento que están en la posición para operar a su mayor capacidad”, indica uno de los informes.
Argumentan que, por este motivo, algunos trabajadores puedan preferir trasladarse a otros estados con una legislación más equitativa entre homosexuales y heterosexuales.
Por otro lado, y de manera paralela, más de 80 líderes republicanos han mostrado su respaldo a estas solicitudes antes de que el Tribunal Supremo analice la cuestión los próximos 26 y el 27 de marzo.
Estos representantes republicanos reivindican el derecho constitucional de las parejas homosexuales a contraer matrimonio.
Entre ellos, figuran el ex gobernador de Utah y exaspirante a la candidatura presidencial republicana Jon Huntsman; dos altos cargos de la Administración de George W. Bush: el ex director de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, Ken Mehlman, y el antiguo consejero en seguridad nacional Stephen Hadley, así como la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, Mary Cheney.