El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró hoy que las medidas para reformar las leyes para regular desahucios en España “van en la buena dirección”, aunque pidió que se concentren en aquellos casos más necesitados.
En su segundo informe sobre la reforma financiera en España, el Fondo añade que “será importante asegurarse de que las medidas están bien enfocadas para ayudar a aquellos más necesitados” de forma que se les dé la oportunidad de “empezar de nuevo” tras un período “razonable” de tiempo.
El FMI pide que una persona física pueda declararse en bancarrota y tener derecho a “un nuevo comienzo” al optar por un proceso de suspensión de pagos, algo que considera permitirá reducir la economía sumergida en España.
Estos procesos de insolvencia existen en países como Estados Unidos, donde se puede recurrir al llamado Capítulo 7 para personas físicas, de modo que un juez decide cómo liquidar determinados activos para pagar a los acreedores privados, lo que permite quedar libre de deudas tras un período de tiempo y comenzar de cero y ser productivo para la sociedad.
El FMI recuerda que en España el régimen de insolvencia trata de la misma manera a una empresa y a una persona física y no permite a un individuo “descargarse” de sus deudas, por lo que no existen incentivos para optar a un proceso de insolvencia legal.
“Personas físicas que son insolventes y no tienen una esperanza razonable de pagar sus deudas tienen muy pocos incentivos para generar un ingreso en el sector formal, ya que permite a los acreedores reclamar esos ingresos”, añade la entidad multilateral.
Esta situación, en opinión del Fondo, promueve la economía sumergida y la salida de la fuerza laboral, lo que afecta “potencialmente al crecimiento y al equilibrio fiscal”.
El FMI recomienda “más estudio para reforzar el marco (vigente) y hacer frente de manera eficiente a la insolvencia personal, mientras se mantiene una fuerte disciplina crediticia y cultura de los pagos en España”.
La profunda crisis económica en España ha disparado el desempleo hasta el nivel récord de un 26 % de la población activa, y ha provocado una fuerte subida de los casos de desahucio por impago de préstamos hipotecarios.
Ante esta situación y para proteger a las familias más vulnerables, el Gobierno español ha tomado unas medidas de urgencia temporales mientras el Parlamento aprueba una nueva ley.
Actualmente hay dos textos sobre desahucios en el Parlamento: un proyecto para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del real decreto que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de noviembre, y la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
En España existe un proceso ejecutivo por el que el banco acreedor puede adjudicarse la vivienda hasta por el 50 % de su valor de tasación y tratar de cobrar el resto del dinero que se le debe, incluidos los intereses de demora y los gastos generados durante todo el procedimiento.
Desde que comenzó la crisis económica, unas 400.000 familias han perdido sus viviendas en España por no poder pagar la hipoteca, deuda que tienen la obligación de seguir pagando, según diversas fuentes. EFE