“Sobre todos ellos tiene que caer todo el peso de la ley”. Estas palabras bastaron para condenar a 12 funcionarios de la Policía científica a una sentencia no confirmada. Para sembrar el odio directo a todos los uniformados. Para mantener una esperanza viva en la familia Berendique y para extender la angustia de otra docena de esposas e hijas que hoy viajan cada domingo a una comandancia policial.
Es del presidente Chávez esa cita. Se refería a los funcionarios de la Policía judicial que habían disparado contra los hijos del cónsul honorario de Chile en Maracaibo, Fernando Berendique, y que le quitaron la vida a Karen, una adolescente de 19 años que cerró los ojos de inmediato cuando uno de los proyectiles se alojó en su nuca.
Un día después del homicidio, el 17 de marzo, Fernando Berendique no olvidó su traje diplomático y con los ojos a punto de estallar reconoció que la violencia acababa con Venezuela. Lo vivió en carne propia. Cuando lo dijo, frente a la funeraria Zulia, aún llevaba la sangre de su hija en la camisa beige que lucía desde el día anterior. Su hogar ya estaba condenado a un luto eterno.
El crimen tenía los elementos para sacudir a toda la sociedad: la víctima, una prodigiosa estudiante y amante del baile, iba a una fiesta acompañada de su hermano, Fernando, cuando unos funcionarios policiales violaron la prohibición de alcabala, dispararon contra el vehículo y no ofrecieron primeros auxilios. Así que todos los ojos se postraron en la calle principal del barrio Teotiste de Gallegos. El Gobierno nacional, involucrado directamente en el asesinato, debía hacer algo pronto. Y lo dijo.
“Les hice llegar todo mi sentimiento personal a través del vicepresidente Elías Jaua y Tareck El Aissami, ministro del Interior, a los padres de la joven asesinada de manera bárbara y brutal”. Esas palabras dieron poco consuelo a los deudos de la niña, pero provocó una movilización nacional contra los funcionarios que esa noche salieron a buscar delincuentes en cualquier esquina. Les habían dado la orden desde el Ministerio de Interior, después de que la delegación Zulia recibiera una flota de vehículos como símbolo del trabajo contra el crimen.
Mientras en las oficinas de la Policía removían todas las gavetas para llevarse a los involucrados, en la casa de la urbanización Monte Bello seguían con el grito apretándoles la garganta. Primera muerte que vivían, primera tan cercana. Los cuatro hermanos estaban incompletos por culpa del sistema político-judicial. Afuera, las palabras resultarían una excusa, pero convirtieron el caso en un juego cerrado.
El caso
“Son órdenes de arriba”, le dijeron a Marisabel Pérez cuando preguntó qué pasaba con su marido. Él, Ényerbert González, estuvo en la alcabala, pero la Fiscalía determinó que no disparó su arma en ningún momento. No mató a Karen. Entonces, ¿por qué tiene el cargo de homicidio? Marisabel solo escuchó: “Son órdenes de arriba”. Mientras tanto, los Berendique miran esperando una justicia.
Ya el presidente Chávez murió. Después de esas palabras inquisidoras, se ocuparon de otro asesinato, uno de tantos, y olvidaron los protocolos binacionales. Los 12 funcionarios involucrados siguen presos, con audiencias suspendidas y cambios de región. Hoy están en Caracas, esperando que el proceso judicial inicie a principios de abril.
Para esta fecha el país entero se ocupa de otro muerto: el propio Presidente. En casa de los Berendique, el homicidio de hace un año duele igual. En casa de Marisabel, la injusticia de las “órdenes de arriba” sigue acabando con sus nervios.
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