La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió hoy respeto al pluralismo y la libertad de expresión de los periodistas en un comunicado dirigido a los siete candidatos a las elecciones presidenciales venezolanas del próximo 14 de abril.
“Es necesario dejar atrás la polarización que ha dominado, durante tanto tiempo, el paisaje mediático nacional”, indicó la organización de defensa de la libertad de prensa, con sede en París.
Varios periodistas, conocidos por sus continuas críticas al Gobierno, han denunciado haber sufrido, desde el pasado 15 de marzo, una campaña de “odio y amenazas” en Venezuela a través de las redes sociales, recordó RSF.
La organización pidió a los destinatarios del texto que “se acabe con toda instrumentalización de los soportes informativos con fines de propaganda” durante el periodo electoral y que las cadenas públicas transmitan espacios de “duración y frecuencia de emisión similares” para cada uno de los siete candidatos.
“Más urgente aún es la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ley Resorte, adoptada en 2004, que en su artículo 10 impone a las cadenas y que en 2010 incluyó a los medios de comunicación digitales)”, recordó RSF.
La norma contiene algunas disposiciones (“incitar o promover la apología al delito” o “desprestigiar a las autoridades legítimamente constituidas”) que, a su juicio, inducen a la “censura o autocensura”.
RSF considera que esa reforma en profundidad de la ley Resorte “sería aún más beneficiosa si estuviera acompañada de una revisión general de todo el espacio de frecuencias audiovisuales”.
Esa revisión tendría que garantizar “un espacio de difusión similar para los tres tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios), garantizando su independencia”, añadió la organización.
También pidió a los candidatos que expresen su intención acerca de la resolución adoptada por 35 países en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos el pasado 22 de marzo.
Esa resolución tiene como objetivo apoyar una tesis divergente con la que propone reducir las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apoyaron previamente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. EFE