Por Leonardo Palacios (@NegroPalacios)
Es un error pensar que la política y la economía están separadas y desconectadas.
La conexión entre ambas es íntima, como lo sostenía Friedman, “solamente son posibles ciertas combinaciones de organizaciones política y económica, y que, sobre todo, una sociedad socialista no puede ser también democrática en el sentido de garantizar la libertad individual”.
Las organizaciones económicas, expresaba el economista americano profesor de la Universidad de Chicago, tiene una doble función en la promoción de una sociedad libre: (i) su libertad es en sí una parte de la libertad en términos generales, siendo la libertad económica un fin en sí misma y (ii) es un medio indispensable de la libertad política.
El gobierno lo sabe, conoce de las implicaciones que representa un empresariado comprometido y firme en la defensa de la libertad económica y, por tanto, de las libertad en sus distintas manifestaciones propias e inherente al sistema democrático.
La acción del gobierno, dentro de la pugnacidad de lenguaje, prácticas discriminatorias y hostiles no se han dirigido únicamente contra el sector político individual o partidista, ni con el amplio y genérico sector de los intelectuales, concebidos ambos como enemigos cuando disientes de sus políticas.
La inquina del gobierno se ha traslado y centrado en el empresario y su institucionalidad.
En los discursos oficiales se expresa que el empresariado a través de sus distintas organizaciones pretende condicionar al gobierno, convirtiéndole en su esclavo.
No obstante, en los últimos años el empresariado venezolano y sus instituciones han desdibujado exitosamente, para contrariedad del gobierno, esa percepción. Cumplen no solo con la función de luchar por la libertad económica de su sector, la defensa de la «libre empresa» y sus implicaciones en cuanto al libre comercio, la eliminación de barreras de cualquier tipo, autorizaciones, controles, habilitaciones o tributación irracional.
El empresario y su institucionalidad se han volcado a ser garantes de las libertades públicas del venezolano; lucha por el bienestar de un país en su integralidad y con la visión de futuro que trasciende el propio sector para ver la conformación de todas las partes que conforman la Nación.
Las instituciones empresariales, entre las cuales se destaca la Cámara de Comercio de Caracas, han ido evolucionando hacia una responsabilidad de entorno, de crear un ambiente propicio de solidaridad social desde el centro de las empresas a la periferia, es decir, a las comunidades con las cuales se compromete, asisten y colaboran en todo aquello en que el Estado se diluye o no llega; se esfuerza en tener una presencia complementaria y una acción de beneficio general, sin la visión excluyente, por ejemplo, de las instancias del poder comunal.
El empresariado y sus instituciones están conscientes que un gobierno democrático debe ser esencialmente limitado en beneficio colectivo, aún cuando sus ejecutorias se traduzcan en una afección a sus intereses, siempre que se efectué en el marco de legalidad y seguridad jurídica necesarios.
La institucionalidad empresarial actual vas mas allá de la defensa en la fijación de precio o en la mediatización de una medida de control típica de un régimen de planificación centralizada.
Lo que se busca es hacer reversible, lo que Hayek denominaba, “el extravío del ideal democrático” en beneficio de todos y no solo del sector que se representa; el rescate de un democracia efectiva regida por los principios y valores de la Constitución democrática pues el sistema y la institucionalidad que de ella deriva son los únicos que pueden garantizar la construcción de un país moderno, con bienestar colectivo y la vigencia plena de la libertad, la económica y la individual.
Solo en democracia se puede hablar y lograr un régimen de libertades. El empresariado y sus instituciones son el agente eficiente para lograrlo y por eso el gobierno lo sataniza y pretende acorralarlo.
El gobierno sabe que al pulverizar a los empresarios, y tiene muchas formas de hacerlo, apoderarse de los medios de producción y las decisiones de consumo, tiene una colectividad dormida, esclava del Estado y supeditada a la acción sesgada de sus órganos.
El sentido libertario que encierra el emprendedor, el que asume riesgos frente al Estado y frente a terceros es el gran adversario de un gobierno que todo lo pretende poseer y controlar en virtud que la acción creativa y el emprendimiento, pequeño, mediano o grande, es la garantía de la libertad.
Mientras existan empresarios comprometidos con la colectividad en que actúan existirá libertad económica y libertada política, se hará difícil la instauración de un régimen alternativo y negador de la democracia.
Ya vemos que tanto el pequeño y humilde emprendedor como el mediano y grande que hacen vida, en instituciones como la Cámara de Comercio de Caracas, son agentes generadores de cambio y garantes de libertad.