Uruguay se convirtió el miércoles en el segundo país latinoamericano, después de Argentina, en legalizar el matrimonio homosexual, luego que la cámara de Diputados diera sanción definitiva a un proyecto de ley de “matrimonio igualitario”.
Al grito de “Libertad” e “igualdad”, el público que había colmado las barras desde el inicio del debate estalló en aplausos y llantos emocionados tras la aprobación del proyecto, que recibió 71 votos de un total de 92 diputados presentes.
La Cámara de Diputados ya había aprobado el texto en diciembre de 2012, pero tuvo que ratificarlo luego que el Senado le realizara modificaciones. En todas las oportunidades la norma fue aprobada por una amplia mayoría y con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos.
“Mañana vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria, con más derechos para todos y todas”, aseguró el diputado de la coalición oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) Sebastián Sabini, al defender su respaldo al proyecto en una sala con las barras colmadas de público expectante de la votación.
El polémico texto, que ha sido cuestionado por la Iglesia Católica y grupos de defensa de la familia, sostiene que “el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”.
Pero además incluye cambios -tanto para parejas homosexuales como heterosexuales- en las normas sobre filiación, divorcio, edad mínima para contraer matrimonio, régimen sucesorio, adopción y el orden de los apellidos de los hijos, que será de libre elección de las parejas.
En los últimos seis años, Uruguay legalizó la unión civil de homosexuales y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, además de habilitar el cambio de nombre y sexo y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas.
En junio del año pasado, la justicia reconoció, además, por primera vez un matrimonio entre dos personas del mismo sexo celebrado en España.
En la región, el matrimonio homosexual está permitido en Argentina desde 2010 y en Ciudad de México, desde 2009.
La flamante ley entrará en vigencia a los 90 días de su promulgación, periodo en el cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla. AFP