En medio de una renovada agitación en el ambiente político, se espera que la autoridad electoral anuncie el jueves las reglas de una auditoría a las mesas de votación no revisadas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, que según la oposición se robó el oficialismo del presidente Nicolás Maduro.
Para el mediodía del jueves, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral aún no confirmaba si se pronunciará o no en la jornada sobre el tema de las auditorías y su decisión se espera principalmente debido al emplazamiento que formuló la víspera el líder opositor Henrique Capriles, quien aseguró que no esperaría más ni aceptaría una revisión “chucuta” o a medias.
Tras varios días de relativa calma, tanto el oficialismo como la oposición subieron el tono de sus discursos en torno al tema de la auditoría y se cruzaron mutuos reclamos sobre muertes presuntamente ocurridas en manifestaciones callejeras en contra de los resultados electorales el 15 y 16 de abril en distintos puntos de Venezuela.
El oficialismo ha intensificado además sus señalamientos en contra de Capriles acusándolo de ser el autor intelectual de las protestas callejeras.
El recién designado ministro del Interior y ex director de los servicios de inteligencia, general en retiro del ejército Miguel Rodríguez, denunció en la jornada que habían descubierto un supuesto plan para crear agitación a nivel nacional el día de las elecciones y los subsiguientes y que ya habían detenido a un hombre al que identificó como el ciudadano estadounidense Timothy Hallett Tracy. El ministro no dio detalles de la captura.
Funcionarios de Estados Unidos declinaron comentar a la AP sobre el caso debido a reglas que amparan la privacidad de sus ciudadanos.
El ministro dijo que el supuesto plan comenzaba el mismo día de los comicios cuando “a partir de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral iba a haber un desconocimiento por parte del candidato de la derecha” o como denominan a Capriles, según el reporte divulgado por la televisora oficial.
Rodríguez ingresó al gabinete de 33 miembros el domingo cuando Maduro reorganizó el equipo de gobierno, principalmente en enroques de cargos. En la jornada se conoció en la Gaceta Oficial el decreto por el cual Maduro designó como nuevo jefe de los servicios de contrainteligencia al general en retiro Hugo Carvajal.
Carvajal, quien hace más de cuatro años fue señalado por Estados Unidos por apoyar actividades de narcotráfico de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, era desde octubre el director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del gobierno venezolano.
Con un país altamente polarizado y electoralmente dividido en dos mitades casi iguales, el asunto de la auditoria es vital para bajar esas tensiones y despejar dudas sobre el estrecho margen de victoria de Maduro, quien con 7,5 millones de votos ganó por una diferencia de aproximadamente 270.000 sufragios sobre el opositor Capriles, que consiguió 7,3 millones de votos.
La oposición mantiene que por sus datos de testigos en las mesas el triunfo fue de Capriles y cita irregularidades como mayores votos que electores inscritos en algunas mesas o que algunas máquinas de votación no funcionaron.
A la vez la oposición trabaja paralelamente en una eventual impugnación de los resultados y en otras acciones legales.
Leopoldo López, de la dirigencia opositora, pidió el jueves ante un consejo integrado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría que se destituya al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, por violaciones a la ley laboral que prohíben la discriminación.
El fin de semana se conoció un video que circuló en redes sociales y en medios de comunicación en el que se escucha a Molina en una reunión con trabajadores advirtiendo que no aceptará que se hable mal de la “revolución” y quien quiera ser militante de un grupo opositor como el de López, mejor que renuncie porque caso contrario él mismo los echará.
Aunque López dijo a reporteros en la sede del denominado Consejo Moral, donde presentó su petición, que quizá tal solicitud no fuera atendida, como tantas otras en el pasado, el punto era dejar constancia de las violaciones al derecho al trabajo de la población y dijo que desde las elecciones y hasta ahora la oposición ha recibido más de 4.000 denuncias de acoso y despidos, aunque no ofreció detalles.
“Señores ministros sepan que el que les sirve el café (en la oficina) muy probablemente votó por Henrique Capriles, que su tren de directores muy probablemente votaron por Henrique Capriles, que su trabajadores muy probablemente muchos de ellos votaron por Henrique Capriles, sépanlo y esas amenazas (de despidos) no van a cambiar eso, mientras más los amenacen más reafirman sus convicciones”, dijo López.
La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, negó que haya despidos y que su despacho haya recibido denuncias en tal sentido, según declaraciones divulgadas por la televisora oficial.
Los dos lados además han invitado a manifestaciones por el día del trabajo el 1 de mayo, aunque no han dado información sobre los sitios exactos de esas actividades, un detalle importante porque desde hace más de una década se evita que simpatizantes del chavismo y de la oposición se crucen y entren en confrontación.
Grupos no gubernamentales como Provea han pedido una investigación independiente sobre las muertes durante las protestas post-electorales, que según la Fiscalía General fueron nueve, incluyendo dos menores de edad, de las que acusó al “irresponsable” de Capriles por desconocer los resultados de los comicios.
AP