Couture escribió
“ Es muy peligroso cuando el Estado es a la vez Juez y Acusador “
Las imputaciones de carácter delictual señalas por representantes del régimen contra diferentes personalidades del mundo político y militar, pretenden de alguna manera intimidar a los dirigentes de la oposición y a los Venezolanos que expresan públicamente sus críticas, con el único objeto de lograr callar reclamos y denuncias de los abusos cometidos. Llegan al cinismo de invertir las actuaciones violentas para el lado de la oposición, cuando existen fehacientes pruebas de lo contrario.
La actitud de hostigamiento y persecución hacia los disidentes han llegado a tal extremo, que además de las agresiones físicas que hemos visto en el parlamento, han utilizado desde hace mas de trece años el brazo de la justicia para detener a los dirigentes políticos, bajo la premisa de supuestos actos de subversión o terrorismo, los cuales tengo que calificar como de Terrorismo Político judicial.
Sería interesante recabar información sobre los expedientes abiertos en Fiscalía, Tribunales, Seniat, Defensoría del pueblo y Contraloría General contra las personas naturales o jurídicas que han sido opositores al régimen a partir del año 1999.
Al respeto acoto:
En fecha 24 de Agosto del año 1978 en diario El Universal se publico un reportaje en el cual se dice: Acerca de la afirmación del Fiscal General de la Republica, Dr. José Ramón Medina, de que “ es repudiable la conducta de un juez penal que acepte por ante su jurisdicción querellas que, en caso de que fueren justas competen a otros tribunales…
El Dr. Rafael Naranjo Ostty por su parte señalo….” También es factible dentro de este campo de ideas que existan algunos abogados que asesoren a sus clientes para llevar asuntos de índole civil o mercantil a la jurisdicción penal, es decir penalizar las acciones civiles o mercantiles y trasladarlas al ámbito de los tribunales penales ( hoy en día a Fiscalía ) para sembrar desconcierto e inseguridad jurídica en las personas “. Sigue su exposición el Dr. Naranjo diciendo: “ insisto en que lo que existe es la mala utilización de los tribunales penales en el sentido de llevar a su seno acciones de tipo civil, mercantil o laboral para presionar a las personas, ya que siempre el proceso penal ha estado revestido de mucha solemnidad “….. “ prefieren pagar la cantidad que sea para comprar su tranquilidad y no verse sometidos al escarnio público de un juicio penal con todos los escándalos y ribetes sensacionalistas que tiene un proceso de esa naturaleza.”..
Escribió además “ Que con esa practica de terrorismo judicial, estaríamos en presencia del delito de extorsión…”
Traslademos esa situación a la actualidad política en Venezuela
Se persigue con la practica del terrorismo político Judicial, coaccionar a personas inocentes a que, pese a que no han cometido delito alguno, son llevados a la jurisdicción penal con el evidente propósito de doblegar su espíritu, silenciar su voz y evitar que denuncien a la comunidad las violaciones a la Constitución, bajo la amenaza de privación de la libertad personal
En relación al terrorismo Judicial el Dr. Héctor Marcano Battistini señalo: … “ Realmente el terrorismo judicial es una forma disfrazada de corrupción.
El Dr. Elio Gómez Grillo escribió en el año 1982. La Historia de una enfermedad.
“ En verdad, en verdad, en materia de justicia penal estamos todavía en Venezuela en la edad de piedra ilustrada”
Los Jueces, Fiscales del Ministerio Público, la Defensores Públicos y hasta la mismos funcionarios de la Contraloría General de la República que intentan callar la disidencia mediante la apertura de procesos sancionatorios, o bien carecen de óptica jurídica, o bien actúan a mansalva con intereses políticos y hasta pecuniarios, y ello se desliza con el terrorismo judicial al que hago referencia en esta exposición.
Hoy en día ese terrorismo Judicial es practicado por quienes detentan el poder en el ámbito político, tributario, comercial y judicial, cuando utilizan el brazo de la Justicia para impedir que se ejerzan los derechos Constitucionales relacionados con la libertad de expresión, el derecho del sufragio, el de información, del trabajo y el libre pensamiento, quebrantando de esa manera el espíritu de las leyes, y tal conducta es violatoria de los derechos humanos.
En el ámbito Judicial, el terrorismo es practicado por el régimen mediante denuncias y acusaciones infundadas contra dirigentes políticos, que posteriormente se traducen en decisiones por los encargados de administrar Justicia, decisiones están que rayan en lo grotesco y mancillan las normas del derecho penal. Los jueces que se han prestado para esos casos, se salen de la ley, no tienen presente el derecho y se olvidan de la Constitución, olvidándose de que son prisioneros de la ley.
Quedan las cicatrices de esas heridas al derecho, como testigos calificados frente a la Historia.
Da pena decirlo, pero en Venezuela no existe la verdadera Justicia, la aplicación del buen derecho. El Poder Judicial es el Poder cumbre, el primero de todos los poderes constituidos, el Garante de la Libertad, el llamado a mantener la paz pública, la seguridad individual y ello lamentablemente no es la realidad de la Justicia Venezolana.
El Poder Judicial debe aplicar objetivamente el derecho, y no subjetivamente en atención a las corrientes políticas.