Si el árbitro interviene, como parte interesada a favor de uno de los equipos; el juego, seguramente, terminará en trifulca. En los últimos 15 años,los árbitros de los Poderes Públicos venezolanos, han actuado con dados trucados.Por eso fue inútil, que en los días previos a las elecciones del 14-A,la MUD informara al CNE de las continuas violaciones realizadas por el oficialismo contrala Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Si el CNE no supo hacer respetar su arbitraje, entonces, ¿de quién es la culpa de las graves consecuencias suscitadas a raíz de los resultados de las elecciones y las dudas que se ciernen sobre el triunfo de Nicolás Maduro? La respuesta está allí; pero el brazo institucional parcializado y cruel golpea a la poblaciónmediante la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Ley, que ha decir de Rafael Uzcátegui, miembro de Provea, “fue sugerida por el Fondo Monetario Internacional”.Así, entre la duda y la posible ilegitimidad del nuevo gobierno, ha habido violaciones de los derechos humanos.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denuncia que 76 venezolanos sufrieron tortura física y psicológica. Esta respetable ONG, dice haber constatado in situ, que la Guardia Nacional Bolivariana reprimía salvajemente y disparaba perdigones a menos de dos metros de los manifestantes para causarles mayor daño; además de torturarlosy conminarlos, desde su condición de prisioneros,a realizar actos contra su voluntad. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, como árbitro, al referirse al caso, se sensibilizó más a favor del victimario. Es por ello que los venezolanos podemos persuadirnos de que el Consejo Moral Republicano (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República) sirve más a la parcialidad política imperante.
Los Poderes públicos, por deber moral, deberían garantizar y dar información pública confiable a las ONG de derechos humanos, pero no lo están haciendo. Y, para colmo, públicamente criminalizan la protesta y las descalifican. En consecuencia, su actuación, propicia el cierre operacional de la institucionalidad democrática.