Es importante aclarar, como punto previo, que el titulo en nada se corresponde con la reseña de alguna obra, centrada en Colombia, equiparable en importancia y trascendencia a la escrita por Rómulo Betancourt el «Padre de la democracia moderna en Venezuela» (Carrera Damas dixit).
No pretendemos un análisis referencial y propio, a un espacio como éste, del condicionamiento del petróleo en la estructura económica y social de la hermana nación, como lo fuera “Venezuela, Política y Petróleo”, obra cumbre del ex Presidente venezolano.
Nuestra intención es reseñar cómo el vecino país asume con responsabilidad de futuro y compromiso de nación, sin renunciar a la búsqueda frenética de la paz, la definición de una política legislativa que apuntale con mayor ahínco el extraordinario crecimiento económico y fortalecimiento institucional de los últimos tiempos.
El pasado 30 de mayo asistimos como conferencista al “Simposio de tributación de los sectores de minería, gas y petróleo Colombia y derecho comparado” organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de su fundación.
Fue un evento extraordinario, de intenso análisis y revisión de los sistemas tributarios de los varios países participantes a través de la experticia profesional de representantes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela.
El evento demostró una vez más la eficiencia organizativa del ICDT y su neutralidad como punto de encuentro de los académicos y profesionales del área tributaria, tanto en el libre ejercicio, de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), empresas de servicios de asesoría y aquellas que realizan actividades propias de gas, minería e hidrocarburos (éstas últimas de gran variedad que integran la denominación práctica de industria petrolera).
La jornada se centro, a partir de la experiencia de los países participantes, en obtener una base a partir de la cual Colombia pueda buscar un marco normativo y regulatorio del sector ecuánime y desprejuiciado y que garantice una participación debida y racional del Estado mediante tributos y regalías (Government take).
Los colombianos con la inteligencia institucional y social que los caracteriza, (nos referimos con esta expresión a la paciencia en buscar soluciones concertadas, definidas y abiertamente consensuadas cuando de privilegiar al país se trata, haciendo funcionar la institucionalidad constitucionalmente diseñada y los factores forjadores de opinión) centrando sus esfuerzos en lograr una estructura normativa tributaria adecuada y eficiente.
Adecuada, en el sentido delineado por el destacado jurista colombiano Juan Pablo Godoy en su exposición incial, en cuanto a que la estructura normativa debe estar desprovista de los prejuicios y generalizaciones contra las empresas del sector, las cuales Venezuela intensifico en perjuicios notables y negando los avances logrados en tiempos de la denominada “apertura petrolera” al capital privado.
La adecuación parte de la premisa dibujada por el Dr. Godoy, de tener muy en cuenta “la complejidad del sector, intensivo en capital y riesgo; y regido por dinámicas internacionales de financiación y diversificación del portafolio de riesgo”.
No dejan a un lado los colombianos, con visión de estado a las cuales estamos obligados el jurista en la precisión de los postulados que sirven de base a la política legislativa, el hecho de una mayor valor agregado en el PIB de la minería (en Colombia el sector presupuestariamente incluye minería, petróleo y gas) y mayor generación de ingresos de fuente tributaria minera razonable en términos de las alícuotas o tipos impositivos, reconocimiento a la inversión en activos (tangible e intangibles), recuperación de las mismas, mecanismo de armonización interna de la estructura impositiva que recae sobre las actividades mineras y las formas de control por parte de la Administración tributaria, ajustada plenamente al Estado de Derecho.
Colombia sabe, que por ahora, es un país con petróleo pero no petrolero, pero que no está lejos lograr la conversión.
Los colombianos están muy conscientes que los inversionistas, como lo asentaba en su exposición el Dr. Ricardo Ruiz al presentar un Estudio Comparativo de la Participación del Estado en la actividad minera, uno de los factores que más tiene en cuenta es el cálculo de la tasa sobre su inversión y, de tal determinación depende las decisiones de inversión, expansión o desinversión en un proyecto minero o petrolero.
Y la competitividad deriva no solo de la institucionalidad, la infraestructura, la tecnología y, también de las percepciones que se tengan sobre el sector que condicionan las políticas públicas, sino del sistema tributario.
Colombia pulsa las tendencias mundiales en esta materia, están claros de sus ventajas frente a otras naciones vecinas, la experiencia de otros países tanto en sus aciertos como en sus falencias y distorsiones.
No en vano sacaron provecho a los expositores Susan Block, Stephen Allen, Nelson Rincón, César Gamba e Iván Tauil y sus connacionales en temas cruciales de imposición, y de otros como la siempre controversial, en términos de naturaleza concepción y tratamiento impositivo, de las regalías.
No tenemos duda, Colombia va enrumbada a convertirse en un modelo modernos y eficiente de esquema de tributación a la actividad minera y a un desarrollo económico acelerado.
No en vano ya la OCDE la tiene proyectada en listar en su selecto grupo de países.
Por Leonardo Palacios Márquez
(@NegroPalacios)