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La bancada de la Unidad propuso un debate sobre el recrudecimiento de la influenza AH1N1 que ha cobrado más de 20 muertos y ha afectado a más de 720 personas, en todo el país. La diputada Dinorah Figuera responsabilizó al Gobierno por la expansión de los casos. En la plenaria propuso que sean interpelados los ex ministros de Salud, Carlos Rotondaro y Eugenia Sader, así como la titular actual, Isabel Iturria. Figuera dijo que estas personas tenían que responder por “la cantidad de vacunas que se compraron y no se colocaron. ¿Dónde están los reales?”, preguntó.
Por Janet Yucra M.
La respuesta del Psuv la ofreció el diputado Henry Ventura, quien afirmó que “la AH1N1 vino al planeta para quedarse” y negó que el Gobierno sea responsable por el incremento de los casos. Acusó a la oposición de causar zozobra en la población y de dar información falsa sobre la enfermedad.
La propuesta de Figuera se sometió a votación y fue negada. En el salón de prensa, la diputada Figuera denunció que la bancada mayoritaria de la AN “les dio la espalda a las familias de las personas que han fallecido y a las que están enfermas”. Insistió en que los Ministros tienen que dar explicaciones sobre la cantidad de recursos que se han aprobado en el Parlamento y, sin embargo, la lucha contra el flagelo no ha dado resultados. En el mismo salón, el diputado Ventura agregó que “el mundo está sufriendo una pandemia”. Justificó que no haya vacunas en los centros de salud, porque “las dosis son para los sectores de riesgo”. Admitió que no hay insumos ni reactivos para detectar el virus, porque “en Venezuela solamente el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, procesa los cultivos”. Dijo que no habían negado la interpelación, sino que “no hace falta, porque todo está bajo control. Queremos darle tranquilidad a la población”. Dijo que lo que dice la MUD “es de la disociación psicótica de la oposición que pretende imponer una epidemia”.
Los créditos de la vergüenza
La plenaria aprobó seis créditos adicionales por más de dos millardos de bolívares, de los cuales 377 millones de bolívares son para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de cubrir el déficit por el diferencial cambiario, derivado de la devaluación del 8 de febrero de este año.
Cuando se daba el debate, la diputada María Corina Machado (MUD) destacó que no se podía aprobar tanto dinero para este ministerio, cuando las universidades no tienen recursos, cuando en Venezuela han muerto personas a causa de la gripe AH1N1. Calificó como “una vergüenza” que en la AN se autorice dinero para pagar viáticos, mientras hay tantos problemas. “Vergüenza les debería dar invertir en acondicionar embajadas cuando los venezolanos se mueren de hambre”, expresó. La intervención de Machado fue interrumpida por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, quien le dijo que estaba “fuera de orden” y le cortó el sonido.
Mundial por Tves
En 2014, el Mundial de Fútbol será transmitido por Tves y para ello se avalaron 25 millones para el Ministerio de Comunicación e Información,
“para la cancelación de los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol Brasil 2014 y del Mundial de Fútbol Sub-17, a celebrarse en los Emiratos Árabes Unidos este año”. Hablando de créditos, a esta fecha, la AN ha aprobado 46 mil 686 millones 453 mil 378 bolívares en créditos adicionales.
La “lumpia” de JVR
El diputado Julio Montoya (MUD/Zulia) calificó como “una estupidez, con el perdón de esa palabra”, las afirmaciones del presentador José Vicente Rangel, acerca de que la oposición ha comprado aviones de guerra para atacar al Gobierno. Montoya dijo que, como Aristóbulo Istúriz, “José Vicente Rangel se fumó una lumpia y muy grande”. Desestimó la denuncia y aseguró que es el Gobierno el que tiene los recursos para hacer semejante compra, porque la oposición apenas si tiene “para reunir plata entre los amigos para la campaña electoral”. El diputado también rechazó la amenaza del FBL, cuyos miembros declararon a la oposición como “objetivo militar”. Advirtió Montoya que se trata de una amenaza de guerra civil.
Ley para el Desarme
Finalmente, la plenaria de la AN sancionó la Ley para el Desarme y Control de Municiones. Los parlamentarios aprobaron la norma por unanimidad y accedieron a crear el fondo nacional para el desarme. Se establecen penas de entre 7 y 20 años para quienes tengan un arma de fuego de forma ilícita y de hasta 25 años de cárcel para aquellos que importen, exporten, adquieran, vendan, entreguen u oculten armas de fuego, sin la autorización de la Fuerza Armada.