El hecho de que el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, haya responsabilizado a Kamel Salame de organizar una campaña difamatoria en su contra, mientras este se encuentra detenido en el estado Barinas, constituye para la defensa del empresario yaracuyano, la confirmación de que se trata de un preso por razones políticas, así lo denunció Jameiro Aranguren, abogado del empresario yaracuyano.
Aranguren, indicó que la acusación del mandatario regional se debe a la solicitud de un antejuicio de mérito que fue interpuesto por la Fundación Ombudsman, el pasado martes por la comisión de presuntos hechos de corrupción en la construcción de viviendas.
“De una manera cobarde e impúdica, el gobernador acusa a Kamel Salame de impulsar las acusaciones ante el Poder Judicial, lo cual confirma que nuestro defendido se trata de un preso político de Julio León Heredia, la magistrada Luisa Estela Morales y Eli Saul Alaba Morales, Fiscal 10 en Yaracuy, sobrino de la magistrada, y el prófugo de la justicia del exmagistrado Eladio Aponte Aponte”, dijo.
Comentó el abogado que este ensañamiento se viene ejerciendo desde el 2008 cuando privan de libertad a Salame, sólo por el hecho de haber incursionado en la política como aspirante a la Alcaldía de San Felipe por parte de la oposición, y denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones regionales.
“Salame se encuentra detenido desde hace más de cuatro años, con juicios diferidos por más de 38 oportunidades, lo cual ya es una irregularidad, junto a la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo en su contra”, apuntó Aranguren, quien comentó además que en los próximos días interpondrán una acusación privada en contra del Gobernador de Yaracuy, por difamación agravada continuada
“Lo conmino a separarse de su cargo para enfrentar el juicio por difamación agravada, porque ya es demasiado el daño moral a la familia Salame que tendrá que imponerle una reparación pecunaria para indenizarlos”, apuntó el representante legal del caso.
Denunció que toda esta actitud del Gobernador Heredia se debe al fin de un reinado imperial que se habría instalado en la política yaracuyana y que León Heredia se convertiría en el primer preso político de la “justicia revolucionaria postchavista”, ante todas las pruebas que tiene en su contra, por lo que sólo le queda arremeter contra Salame y la Fundación Ombudsman, quien también lo ha denunciado de recibir apoyo financiero para su campaña del presunto narcotraficante Walid Makled.