DIANA LOZANO PERAFÁN/El Nacional
Esta es la opinión de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos y de detenidos por razones políticas, así como de personas vinculadas al mundo diplomático. Todos coinciden en que el Gobierno -cuya legitimidad ha sido cuestionada por el estrecho margen de 224.268 votos por el que Maduro fue proclamado y por la falta de respuesta de las impugnaciones presentadas ante el TSJ-, necesita hacerse de respaldo y aceptación internacional.
“En este tipo de reuniones se realizan conversaciones previas y debe existir algún acuerdo para que se vea ante el mundo que el encuentro fue fructífero. Puede ser que el Ejecutivo aproveche esta visita para anunciar que algunos presos políticos serán liberados”, señaló el diplomático Oscar Hernández.
El ex embajador explicó que no se envía el mismo mensaje a la comunidad internacional si las liberaciones se dan fuera del marco de la visita al Papa -con lo cual se daría la impresión de que el Ejecutivo ha tenido que ceder ante la presión de la oposición-, que si estas personas son puestas en libertad después de la reunión con el sumo pontífice, pues en ese contexto el hecho sería apreciado como un gesto del Gobierno a favor de la democracia.
“Estas reuniones buscan ser ganar-ganar. Para Maduro es un espaldarazo el ser reconocido por quien es el jefe del Estado Vaticano y el líder mundial de la Iglesia Católica, y para el Vaticano el objetivo es contribuir a la defensa de los derechos humanos”, dijo Hernández.
Estrategia. Más allá de lo que pueda ocurrir con los presos políticos después de la reunión de hoy, los especialistas advirtieron que la intención de Maduro no es solucionar de fondo el problema sino dar señales de supuesto respeto a los derechos humanos para lograr el reconocimiento internacional que necesita. Acotaron que esta estrategia pudo haber sido diseñada de cara a la visita de Maduro al santo padre.
“El Gobierno está tratando de demostrar que en Venezuela hay una democracia cuando ante los ojos del mundo es claro que lo que aquí tenemos es una seudodemocracia”, advirtió Jackeline Sandoval, presidenta de la Fundación para el Debido Proceso y esposa de Rolando Guevara, que figura en las listas de presos políticos a quienes ya les corresponden mecanismos alternativos para terminar de cumplir sus condenas.
“Muestran una suerte de flexibilización con algunos casos, pero con otros persiste el ensañamiento, como ocurre con los policías metropolitanos presos por los hechos de abril de 2002 y con el comisario Iván Simonovis, que siguen en prisión aunque ya les corresponden medidas alternativas del cumplimento de las penas”, advirtió el abogado José Luis Tamayo, defensor de los mencionados detenidos.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, advirtió que el Ejecutivo ha tomado en las últimas semanas medidas encaminadas a dar la impresión de que Venezuela está mejorando en materia de respeto a los derechos humanos. “Lo que ha venido pasando es que el Gobierno intenta crear la percepción de que se está haciendo un esfuerzo para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país”, aseveró.
Los liberados. El 17 de mayo fue dejado bajo régimen de presentación el general retirado Antonio Rivero, que estuvo 22 días presos en el Sebin después de haber sido señalado por los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio público, por haberse presentando en una protesta en la plaza Altamira.
El estadounidense Timothy Tracy fue liberado 18 días después y expulsado a su país. Había sido privado de libertad debido a la supuesta financiación de hechos violentos postelectorales. La causa fue archivada un día antes que el canciller Elías Jaua se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
El 7 de junio el Poder Judicial dejó en libertad al presidente del grupo Sexto Poder, Leocenis García, que había sido detenido un día antes a las afueras de la sede de Conatel, donde se había apostado para efectuar una huelga de hambre exigiendo la vuelta al aire de Atel Televisión.
El 12 de junio fue dejado en libertad condicional el militar retirado César Medina Gómez, único uniformado que seguía preso por el pronunciamiento militar de 2002 en la plaza Altamira.
La última liberación ocurrió tres días antes de que Maduro fuese recibido por el Papa. El viernes en la tarde fue dejada en libertad bajo régimen de presentación la juez María Lourdes Afiuni, que tenía tres años y medio privada de libertad.
“Cuando se toque ese tema en la reunión entre Maduro y el Papa, que es un asunto que seguramente estará en la agenda, es muy bueno para el Gobierno tener en su expediente el hecho de que Afiuni ya fue dejada en libertad. Puede exhibir esa medida ante el Vaticano como una muestra de la voluntad de Venezuela de mejorar en esa materia”, señaló el diplomático Oscar Hernández.
Zambrano documentará sus peticiones ante el Vaticano
Con documentos en mano, con los que pretende sustentar todas y cada una de las peticiones que planteará a favor de los presos políticos, se presentará el diputado Edgar Zambrano en el Vaticano. La visita del parlamentario está prevista para dos días después del encuentro del presidente Nicolás Maduro con el sumo pontífice. Se espera que Zambrano sea recibido por el secretario de Relaciones del Vaticano con los Estados, Dominique Mamberti.
El diputado pedirá que el Papa intermedie con Maduro a favor de los presos políticos. “Maduro debería concretar la voluntad de Chávez sobre estos detenidos, pues en noviembre del año pasado lo encargó precisamente a él cuando era canciller para trabajar en esa materia”, dijo.
El viernes fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro, después de mucho tiempo sin haber sido invitados al palacio presidencial de Miraflores, monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, y Pietro Parolín, nuncio apostólico de su santidad.