El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo indicó que la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se decide el avocamiento de las causas relacionadas con los recursos interpuestos por Henrique Capriles y por la MUD en contra las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 suscita serias interrogantes, pero revela conciencia sobre la importancia de resolver este asunto.
Para Aveledo, cabe preguntarse, en primer lugar, por qué el Tribunal Supremo de Justicia ha demorado tanto en pronunciarse sobre la admisión de los recursos oportunamente incoados.
“La demora es imputable a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero la Sala Constitucional pareciera haber actuado también con dilación, pues si estaba convencida de la trascendencia nacional e internacional de estas causas y de su evidente conexión con la participación política y el orden público constitucional ha debido haber intervenido prontamente, pues nada en la sentencia dictada hace pensar en circunstancias sobrevenidas que dieran al caso una significación que en un comienzo no tuviera. A menos que la circunstancia nueva fuera justamente el retraso en que había incurrido la Sala Electoral, a lo cual la Sala Constitucional sin embargo no alude. Ante lo cual surge esta pregunta: ¿existían en la Sala Electoral dificultades para dictar una decisión justa, conforme a Derecho, o sucedió lo contrario? ¿Intervino la Sala Constitucional para acelerar la administración de la justicia, o no?”, sentenció.
En todo caso, el representante de la MUD consideró que debe reconocerse que, según la sentencia dictada, la Sala Constitucional conoce la relevancia de esos procesos judiciales en el plano nacional e internacional, y los vincula con la garantía de “los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, del interés público, la paz institucional y el orden público constitucional”.
“Esperemos que esta acertada convicción lleve a la Sala Constitucional a actuar en la dirección de la recta administración de la justicia, de la protección del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la participación política, permitiendo que se tramiten y resuelvan con arreglo al debido proceso las impugnaciones planteadas. Esperemos, pues, que la Sala Constitucional haya intervenido para favorecer, no para dificultar, la prosecución y justa decisión de las correspondientes causas”, finalizó Aveledo.