El presidente venezolano, Nicolás Maduro, busca relanzar la imagen de su Gobierno con una serie de detenciones de funcionarios por corrupción en empresas estatales, organismos públicos y ministerios, aunque por el momento no ha afectado a ningún peso pesado del chavismo, reseña Reuters.
Con su popularidad bajo presión por el espinoso panorama económico, el sucesor del fallecido Hugo Chávez busca enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción para ganar fuerza política tras su disputada victoria en los comicios de abril.
Maduro anunció el jueves la detención del supervisor del organismo tributario en la ciudad costera de La Guaira, con lo que ya son al menos seis funcionarios arrestados en las últimas semanas, incluyendo al ex presidente de la estatal Ferrominera del Orinoco y varios gerentes del ente público de defensa al consumidor Indepabis.
“Lo capturamos con algo más de 4 millones de bolívares en efectivo (unos 635.000 dólares). Allanamos un apartamento lujoso que tenía en el este de Caracas donde hacía los negocios el bandido este, capturado in fraganti él y sus cómplices”, dijo el mandatario sobre el jefe de la aduana más importante del país.
“¿Creen ustedes que podemos ir al socialismo bolivariano, cristiano y chavista con gente corrupta como esta?”, clamó.
Para el líder opositor Henrique Capriles, los verdaderos ladrones son los altos miembros del Ejecutivo, a los que llama “los enchufados”, y que estos anuncios sólo buscan lavar la imagen de Maduro, a quien todavía no reconoce como presidente.
“A nuestro país lo está gobernando un cartel, en el que hay un jefe, o varios jefes, que utilizan los recursos de los venezolanos como una red de extorsión”, dijo en una reciente entrevista el gobernador del estado Miranda, quien ha impugnado el proceso electoral de abril que perdió por unos 200.000 votos.
En el reporte anual 2012 de la organización Transparencia Internacional, Venezuela fue por segundo año consecutivo la nación sudamericana donde se percibe más corrupción.
El Banco Central de Venezuela reveló en mayo que unos 20.000 millones de dólares, un tercio del monto total de importaciones del país petrolero el años pasado, acabaron fuera del país mediante operaciones ilícitas y corrupción pública.
Fusilar a los corruptos
La semana pasada, el mandatario prometió llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones con una “guerra a muerte contra la corrupción”, parafraseando la “guerra a muerte contra los españoles” que decretó el Libertador Simón Bolívar durante la guerra de la independencia venezolana.
Una investigación en Ferrominera apunta a que su ex presidente por siete años, Raddwan Sabbagh, lideraba una red corrupta que exportaba barcos con mineral de hierro sin declarar, vendía a precios por debajo del mercado, otorgaba contratos a dedo y sobrefacturaba las contratas.
Por este caso también fueron detenidos otros tres directivos de la compañía, un asesor de Sabbagh y un empresario privado.
Además, Maduro ordenó reestructurar el polémico Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y los Servicios (Indepabis), encargado de supervisar comercios e industrias para que cumplan el férreo control de precios, luego de que tres gerentes fueran acusados de chantajear empresarios.
“Estaban extorsionando, robando descaradamente, tú no sabes la indignación que yo siento por dentro”, dijo Maduro la semana pasada sobre el caso. “Si hubiera pena de muerte yo fusilaba a la gente que hace eso, burlarse de la confianza pública para robar al pueblo. A los corruptos habría que fusilarlos”, clamó.
Además, esta semana fue detenida una supervisora del Ministerio de Salud por exigir dinero a un comerciante para otorgarle un permiso sanitario.
Pocos después de su tercera reelección en octubre, Chávez reconoció que la ineficiencia pública era la mayor traba para su proyecto socialista tras 14 años de revolución y creó un cuerpo de inspectores para investigar denuncias de corrupción y supervisar proyectos bajo la consigna “Eficiencia o Nada”.
Aunque el ex presidente enfrentó varios escándalos de este tipo, apenas afectaron a su popularidad, como una extendida mafia en el programa de alimentos de la petrolera estatal PDVSA o la detención de un empresario venezolano con un maletín lleno de dólares para supuestamente financiar la campaña de la presidenta argentina Cristina Fernández.
Reuters