A través del vídeo de las cámaras de seguridad instaladas en la sede del Desur-Falcón, peritos en criminalística, bajo dirección del Ministerio Público, esperan identificar a los guardias que para evadir responsabilidades, huyeron tras atacar a tiros “por equivocación” a una madre y sus tres hijas en el sector Las Calderas de Santa Ana de Coro. Según lo que arroje la experticia al video, más efectivos castrenses podrían ser detenidos y enviados a la cárcel de Yare III donde están otros 10 ya imputados por homicidio calificado con alevosía.
Gerardo Morón Sánchez / La Mañana
Más guardias nacionales podrían ser detenidos en las próximas horas por el caso Pérez-Pacheco o la denominada “Masacre de Las Calderas” ocurrida la noche del pasado 4 de julio en el municipio Colina de Santa Ana de Coro, estado Falcón. De acuerdo con fuentes dignas de crédito, luego que los castrenses dispararon más de 50 veces contra el Chevrolet Chevy, plateado, y darse cuenta que no eran delincuentes sino una madre y sus tres hijas que estaban en su interior, varios guardias nacionales abandonaron la calle Rómulo Betancourt, donde quedaron muertas Luiminer Pacheco de 40 años subgerente del Banco del Tesoro y su hija María Gabriela Pérez Pacheco, de 14 años, estudiante de secundaria del Colegio Monseñor Castro. Con el fin de precisar el número exacto de efectivos que integraban la comisión, este lunes fue colectado como evidencia el vídeo de la cámara de seguridad ubicado en la sede del Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR-Falcón) al que estaban adscritos los 10 militares que este domingo fueron privados de libertad y enviados a la cárcel de Yare III ubicada en el estado Miranda.
La misma fuente precisa que la investigación incluye la revisión del libro de servicio que detallaba quiénes andaban de guardia, quiénes cumpliendo el rol de motorizados, quiénes de parrillero y las armas de fuego asignadas a cada cual. La Unidad de Criminalística del Ministerio Público, con sede en Barquisimeto, estado Lara, dispuso de al menos siete de sus mejores expertos, quienes guiados por la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, investiga el sonado ataque que acabó con dos vidas por el uso desproporcionado de la fuerza pública de guardias nacionales, uso indebido de armas de fuego y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por el país.
Fuentes enteradas del desarrollo de las investigaciones indican que expertos de la Unidad de Criminalística pasaron todo el domingo revisando la parte externa del Chevrolet Chevy y le contaron al menos 59 orificios causados por el paso de proyectiles, ocho de los cuales hicieron blanco en la humanidad de Luiminer que quedó muerta en el asiento del conductor, mientras que su hija María Gabriela que iba de copiloto y que trató de huir de la lluvia de plomo, quedó muerta en la calle. Berta Minerva recibió un disparo en el pecho y parietal derecho que le causo exposición del glóbulo ocular derecho, mientras que Luiminer Zulay, de 13 años, recibió un tiro rasante en el hombro y otro en hombro derecho. Se trata de la adolescente que gritaba histérica: “Mi familia, mi familia” la noche de ser atacada su familia con ráfagas de tiros, según cuentan testigos.
Habitantes aseguran que los guardias después de ver que el carro se detuvo tras chocar contra una pared, abrieron las puertas y se llevaron las manos a la cabeza en señal de asombro cuando descubrieron que eran inocentes mujeres las que estaban adentro y no delincuentes armados como suponían. Fue en ese instante cuando algunos se fueron y antes de que lo hiciera el resto, los habitantes salieron a exigirles que auxiliaran a las dos sobrevivientes que movieron inicialmente en motos y luego pasaron a una patrulla de Polimiranda que las trasladó a la emergencia del Hospital “Dr. Alfredo Van Grieken”. Este domingo los expertos analizaron la trayectoria balística, sometieron a experticias las ocho motos de los guardias, mientras que este lunes procedieron con la revisión interna del Chevy plateado, placas AA405GI.
En los próximos días se espera procedan con la reconstrucción de los hechos para cotejar lo que aparece en las actas y lo que arrojan las experticias con la realidad. El asesinato de madre e hija a manos de guardias nacionales, en términos de investigación, es considerado mucho más complicado que el crimen a mano de funcionarios del CICPC de la hija del cónsul de Chile, Karen Berendique, el 16 de marzo del 2012, o La masacre Kennedy” del 25 de noviembre del 2005, en Caricuao, a mano de Policías.
En el caso Pérez-Pacheco, la Unidad de Criminalística, que ha investigado a profundidad sonados casos, tiene en sus manos continuar con la secuencia de efectividad en esta denominada “Masacre de Las Calderas” para que los organismos cuenten con los elementos de convicción suficientes para dictar sentencia contra los implicados a quienes el Ministerio Público imputó homicidio calificado con alevosía en perjuicio de madre e hija y homicidio en grado de frustración en perjuicio de las sobrevivientes, una de las cuales está recluida en el Hospital “Dr. Carlos Arvelo”, de Caracas, al cual fue trasladada el pasado viernes desde Coro, en una aeroambulancia.
La familia Pérez Pacheco ha preferido no ofrecer declaraciones públicas sobre el hecho. Sin embargo, el ingeniero Emilio Pérez, esposo y padre de las víctimas respectivamente, vía twitter, agradeció la solidaridad del pueblo falconiano y venezolano y nada más atinó a escribir: “Solo pido una plegaria para mi esposa y mi hija”.
Los fiscales 76° con competencia nacional y 17° del estado Falcón, Alejandro Méndez y Misledys Córdoba, respectivamente, así como dos fiscales del estado Zulia, conjuntamente con la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, investigan el caso.