El Juez Primero de Juicio, doctor Ely Rendón, ha sido emplazado por Yamal Mustafá, presidente del diario “Primicia”, a decretar medida de prohibición al diario CORREO del CARONI de informar durante “todo el tiempo que dure la tramitación del juicio que cursa en Caracas ante el tribunal 47 de Control y cualquier otro que se llegue a instaurar, en relación con la investigación que se lleva a cabo en la empresa FERROMINERA”.
Mustafá también solicita en su escrito ante el tribunal que la censura contra el CORREO del CARONI “se haga extensiva a todos los medios de comunicación del estado, bajo la advertencia que la información tiene que limitarse a señalar objetivamente las decisiones que se vayan produciendo en el proceso, que sean puesta en conocimiento de la colectividad por la Sala de Prensa de la Fiscalía General de la República”.
Igualmente demanda por supuesta “difamación e injuria” al Dr. David Natera Febres editor de CORREO del CARONI y al diputado Andrés Velásquez.
Mustafá publicó un “comunicado” de su autoría en el periódico que preside, que según él es el de mayor circulación en la región. No obstante, solicita al Juez Rendón que ordene un derecho a réplica para que sea reproducido en CORREO del CARONI.
El presidente del diario “Primicia” declaró en la primera página de CORREO del CARONI de fecha 18 de junio de 2013 que fue “entrevistado” por la DIM durante la investigación de FMO y en la principal información de la página 3 de esa misma edición, desplegada con foto a 4 columnas, lanzó un reto a Andrés Velásquez para medirse con él en los tribunales, negando igualmente ser testaferro del gobernador. Asimismo atacó a TVGuayana, el canal de los guayaneses.
A continuación un recuento de las averiguaciones que realiza el Gobierno en CVG Ferrominera Orinoco y los sucesos a partir de las publicaciones.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@corredelcaroni.com
El 18 de noviembre de 2012 la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) allanó el departamento de prevención y control vial, así como la sección de prevención y control de pérdidas de la gerencia de Seguridad Patrimonial de Ferrominera Orinoco (FMO).
La noticia fue publicada en Correo del Caroní con base a la información de trabajadores que prefirieron guardar el anonimato por la dimensión de la investigación.
De acuerdo con los datos aportados por trabajadores, se averiguaba la salida irregular de gandolas cargadas de mineral de hierro hasta puertos para su comercialización en el exterior.
El presidente de la estatal para ese entonces, Radwan Sabbagh, convocó a una rueda de prensa ese lunes en respuesta a la publicación. “No hay ninguna DIM metida aquí y que yo sepa no hay un tráfico ilegal (de mineral de hierro)”.
Sabbagh dijo que el jefe de departamento -presuntamente investigado- había renunciado por motivos personales y no destituido como aseguraron trabajadores de la estatal. “Eso es normal, aquí ingresa gente y se va gente”.
“Aquí se oye tanto cuento y tanto chisme, dejan rodar bolas y eso pasa. El trabajador renunció”, agregó.
Reclamo contractual
Cuatro meses después, en marzo de 2013, los trabajadores de Ferrominera Orinoco iniciaron una protesta que se extendió por ocho días. ¿Los motivos? El pago de anticipo contractual por retraso en la negociación del convenio colectivo, cancelación de una vieja deuda por domingos laborados (2006-2012) y respeto a beneficios legales como prestaciones sociales.
La manifestación se prolongó por una semana afectando los despachos de mineral de hierro; las briqueteras detuvieron su producción a causa de la huelga y la producción de pellas en Sidor se redujo.
El reclamo obligó a Sabbagh a pronunciarse en rueda de prensa. Acompañado de gerentes e incluso el presidente actual de la estatal, Iván Hernández, el funcionario aseguró que los paros habían quebrado la empresa. “Lo digo con toda responsabilidad”, señaló.
¿Quiebra?
A la aseveración, en medio de la huelga, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, respondió: “Si la empresa está quebrada es por la corrupción”.
Sustentó su aseveración colocando de ejemplo un informe de auditoría AFI09-25/11 en el que se revisó los pagos realizados a transportistas, agentes aduanales y almacenadoras por las actividades inherentes al proceso de nacionalización en el período enero-agosto de 2011.
De acuerdo con ese documento, Ferrominera había perdido 263 mil dólares por sobrefacturación equivalente a 1.132.811,60 de bolívares.
La respuesta del jefe de departamento involucrado, Pedro Escobar, entregado al presidente Sabbagh el 17 de febrero de 2012, no impidió que meses más tarde fuese destituido y le desactivaran la ficha.
Con aquel documento, González aseguró que una serie de irregularidades de ese tipo estaban afectando las finanzas de la empresa, especialmente las deudas por cobrar de la estatal al resto de las empresas nacionales.
Cambio gerencial
Dos meses transcurrieron para que Ferrominera cumpliera con los compromisos suscritos en marzo. Y aún con esa deuda pendiente, el 2 de mayo, el vicepresidente de la república, Jorge Arreaza, anunció nuevos presidentes en Venalum, Sidor y Ferrominera Orinoco.
Una semana después -el 8 de mayo- la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antigua DIM, retoma la investigación en la estatal y cita a gerentes y a clientes representantes de Muszam Investment (Manuel Mustafá) y Viherca (Carlos Vieira), entre otros, a declarar.
La información suministrada por trabajadores y por fuentes del Ministerio de Defensa se publicó en Correo del Caroní y el diario El Mundo Economía & Negocios.
Aunque la noticia original era la detención del presidente Sabbagh, vía telefónica el titular respondió: “No estoy detenido ni nada que se le parezca, gracias a Dios”, dijo aquel 8 de mayo, mas confirmó que la DIM había estado en la empresa investigando a raíz de “algunos comentarios”.
En medios de comunicación de la región -radiales y de prensa- Sabbagh aseguró que las informaciones publicadas en prensa se debían a una denuncia que había hecho en Caracas, en el organismo de inteligencia militar, y que los rumores sobre su detención habían sido generados por miembros del grupo chavista Movimiento 21.
“Yo lo denuncié sin importar que mi vida corriera peligro, no lo había dicho antes por miedo, hoy puedo decirlo a viva voz porque ya fueron privados de libertad”, dijo en una entrevista a un diario regional, aunque aseguró que ninguno estaba vinculado a Ferrominera.
En la radio, Sabbagh amenazó con “hablar” y responsabilizó al ahora presidente de la Corporación del Aluminio, Ángel Marcano, José Ramón Rivero, al ex dirigente de Sintraferrominera, Alfredo Spooner, y demás dirigentes de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) de “enemigos internos dentro del proceso”.
Su comentario estaba vinculado a las recientes denuncias de Spooner sobre tráfico de mineral, retraso de los buques y traslado de material desde Ciudad Piar en gandolas; un comentario que evidenciaba el cisma en la relación política.
A la par de sus señalamientos y la defensa de Yamal Mustafá, tío de uno de los clientes de Ferrominera, en la prensa regional se pagaron comunicados que calificaban la investigación como parte de una campaña de “sicarios comunicacionales”.
10 de mayo
Como parte de las investigaciones, este rotativo informó que varios clientes habían sido convocados a declarar. Además de Carlos Vieira, hoy detenido por su presunta complicidad con el coronel Álvarez Dionisi, también había asistido Manuel Mustafá en su carácter de represente de al menos tres empresas que operan en Ferrominera y cuya razón social está vinculada a la comercialización de mineral de hierro.
La investigación se había concentrado en la legalidad o no de los contratos de mineral de hierro, entre otros.
Dicha información se complementó el 11 de mayo con la confirmación de la detención del coronel de la DGCIM, Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, uno de los representantes de Viherca.
Detención de Sabbagh
El 12 de junio, un mes después de que iniciara las investigaciones y que el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, informara la centralización de la comercialización de las empresas básicas, el presidente Nicolás Maduro anuncia la detención de Sabbagh cuando una nueva huelga de los ferromineros alcanzaba los 10 días.
“Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas, inaceptable que se le dé a un funcionario toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”
“Yo, Nicolás Maduro, como presidente obrero, les digo a mis hermanos de Ferrominera, les pido su apoyo para enfrentar a este corrupto preso y a TODOS sus cómplices, sindicalistas o no sindicalistas (…) que me acompañen en la lucha contra la corrupción y que nadie se haga cómplice, ningún sindicalista se haga cómplice de este corrupto que tenemos detenido”, comentó.
Para una entrevista
Al transcurrir una semana, el empresario Yamal Mustafá responde a una denuncia hecha por el diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, sobre una supuesta red de corrupción en la Gobernación del estado Bolívar que involucraba a más de 10 empresas de su familia.
En rueda de prensa del también presidente del diario Primicia trajo notas de prensa donde se denunciaban irregularidades en la gestión de Velásquez, así como una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En esa declaración Mustafá reconoció haber acudido a la DIM en condición de “entrevistado” y “víctima” junto a otros 20 gerentes, aunque no fue explícito en la razón de su citación.
Privación de libertad
El pasado 9 de julio el diputado Velásquez presenta una copia del expediente del coronel Álvarez Dionisi acusado de extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales el 25 de junio.
El documento contiene las entrevistas de quienes fueron convocados a declarar en calidad de “víctimas y testigos” entre el 5 y 8 de mayo.
Las versiones de cada uno de los citados fueron publicadas en este medio de comunicación conforme al documento legal.
Al ex presidente de Sabbagh lo imputaron el pasado viernes, un mes después de su detención, por los delitos de presunta comisión de los delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.