Marta Colomina: Militares, jueces, colectivos y otras bandas

La teatralidad que acompañó la exigua “subasta” del Sicad -hasta $1.500 para personas naturales y solo $180,5 millones repartidos entre 1.085 empresas- no pudo ocultar lo que se temía: que no fue una subasta, sino una lotería con solicitantes “entubados” (adjudicaron a 127 empresas del sector salud que no cuentan con registro sanitario, según denunció la Asociación de Distribuidores de Equipos Médicos). A pesar de la rareza de “premiar al que pujó menos y rechazar al que ofertó más”, la “subasta” registró una nueva devaluación que derrite los salarios. Según el BCV, la inflación avanzó un 25% en el primer semestre y podría llegar al 56 % en diciembre. Entre mayo y junio la inflación redujo 10% el poder de compra del salario mínimo. En los 14 años de voracidad roja -recuerda el Dip. Marquina- el bolívar ha sido devaluado en un 1.798%. Es decir, que “lo que en 1998 se compraba con Bs. 100, hoy nos cuesta Bs. 1.898,2”. Para desviar la atención colectiva del desastre nacional, Maduro apela a trucos como el asilo al espía Snowden, la conmemoración durante 7 días del nacimiento de Chávez o el espionaje a líderes opositores. Pero la gente no come cuentos: quiere comer su arepa con queso, llegar con vida a su casa, la vivienda prometida y un trabajo digno. En sus giras por la ficción de “gobierno de calle”, recibe protestas en todo el país. En Portuguesa le gritaban que las viviendas entregadas son inhabitables. En Delta Amacuro se peleó con una pobladora que le hacía una crítica. Maduro, furioso, “saltó de la tarima y se dirigió desafiante a las personas, situación que alertó a su dispositivo de seguridad” (La Patilla 16-07-13).

A medida que las cosas empeoran, arrecia la represión oficial, incluido el terrorismo judicial que ya luce exacerbado en el TSJ al declarar “inadmisible” la recusación planteada por Capriles. Detrás vendrá su negativa a la documentada impugnación de la elección presidencial del 14-A. Los poderes públicos han desoído al Instituto de Altos Estudios Europeos, el informe Carter a parlamentarios y académicos del mundo, que denuncian la parcialidad del CNE y los abusos del Gobierno. El IAEE cita los vicios de nulidad del TSJ, cuya Sala Constitucional violó los artículos 277 y 229 de la Constitución para mantener a Maduro en el poder. La arremetida contra la disidencia es total: el PSUV tiene a 6 diputados opositores en la mira para “despojarlos de su inmunidad parlamentaria”. Comenzaron con Richard Mardo y seguirían con la combativaMaría Corina, a quien sustituirían por el tránsfuga Ricardo Sánchez. Lo de Mardo ha sido una cacería salvaje con el fin de impedir su triunfo a la alcaldía de Maracay. La fiscal Ortega Díaz entregó al TSJ el expediente con las pruebas que sabe forjadas (falsos cheques, copias de originales inexistentes, etc.,) y el TSJ, raudo, “halló méritos para llevar a juicio”.

Aunque la lista de corruptos boliburgueses es larga (según denuncias nunca investigadas contra Cabello, Aissami, Ramírez, Isea, etc.), la Fiscal y el TSJ están atareados “montando” supuestos hechos de corrupción contra las filas opositoras. Al gobernador Falcón no le dan acceso al expediente y las persecuciones contra Capriles y Guarulla son ostensibles. Mientras crece el terrorismo judicial para criminalizar la protesta, se incrementa la inseguridad, a pesar de la presencia militar. Cofavic y Provea piden sacar a los militares y sus armas de guerra de las calles (no siguen los estándares sobre uso de la fuerza, de ahí las repetidas muertes inocentes) y consolidar la Policía Nacional. Pero el gobierno hace todo lo contrario. Esta semana “colectivos” del 23 de Enero trancaron la entrada a la sede de la PNB en Catia para obligar a los policías a liberar a uno de los delincuentes, sin procesarlo, y cuya pistola se utilizó en un robo de vehículo. Más de 10 horas estuvieron con sus motos y armas frente a la policía impidiendo el paso de los vehículos. Durante esas horas los PN tuvieron que resguardarse para proteger su integridad física, sin que recibieran auxilio alguno de efectivos del llamado Plan Patria Segura. Estos “colectivos” poseen armas de guerra y el gobierno los considera intocables. “Al infiltrarse en los Poderes Públicos y sobre todo en el Poder Judicial, escribe Héctor Faúndez a propósito del libro “Estado delincuente” de Carlos Tablante y Marcos Tarre, el crimen organizado ha secuestrado al propio Estado venezolano”.

En esto ha devenido la “revolución bonita”, en un Estado delincuente: con la FAN como brazo político del gobierno; con un TSJ listo para complacer y perpetuar a Maduro en el poder y jueces listos para llevar a la cárcel a inocentes y proteger a quienes delinquen. 

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