Luis Carías Toscano/ El Nacional
La emergencia, renovada justo al culminar hoy el plazo del Plan de los 100 Días del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, llevó a la Corporación Eléctrica Nacional a recurrir a la adjudicación directa en vez de la acostumbrada licitación para la contratación de obras dada la inmediatez del trato, pero los acuerdos con compañías nacionales y extranjeras no están exentos de denuncias por sobreprecio.
Aguilar señaló que la planta Luis Zambrano, en El Vigia, estado Mérida, puede generar hasta 470 megavatios y se compró por 1,1 millardos de dólares en medio de la emergencia eléctrica, pero una máquina termoeléctrica similar que opera a ciclo combinado y aporta 1.265 MW cuesta en Estados Unidos 1,2 millardos de dólares. “Las prórrogas incentivan la compra apresurada de máquinas sin observar los valores de mercado e incluso permite las corruptelas”, agregó.
Las plantas La Cabrera, Termocarabobo y El Sitio son otros casos. La primera de 300 MW costó 600 millones de dólares, la segunda 1,2 millardos y genera 772 megavatios y la última de 1.080 MW ascendería a 2,5 millardos de dólares. “No hay auditorías ni rendición de cuentas”, señaló Aguilar.
En contraste, la planta Port Everglades, en Estados Unidos, genera 1.277 megavatios y tiene un costo de 1,2 millardos de dólares, mientras que la de Cabo Cañaveral de 1.250 MW fue construida por 900 millones de dólares.
La norma general, dijo Aguilar, es evaluar costos entre 720 y 1.000 dólares por kilovatio instalado para las plantas de ciclo combinado, pero sólo la planta Luis Zambrano llega a 2.447 dólares por KW, una cifra que resulta de la cantidad de energía que genera y su costo en moneda extranjera.
Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, afirmó que la planta hidroeléctrica de Macagua costó inicialmente 73 millones de dólares y estaba prevista para culminar en 2012, pero las labores no han terminado y el monto ya ronda 300 millones de dólares. “Los retrasos son señales de manejos turbios”.
Si bien la electricidad venezolana tiene una tarifa muy baja, los costos en dólares por KW instalado son los más altos para cualquier clase de planta, expresó Lara. En el pasado, algunas empresas contratadas han alegado que los recargos obedecen a los retrasos del Ejecutivo para cancelar los costos de la obra y una prima por el riesgo país.
Una patente de corso
Víctor Poleo, ex director del sector eléctrico del otrora Ministerio de Energía y Minas, relató que antes las empresas iban a un proceso de licitación, se llamaba a los fabricantes y se establecían especificaciones de los equipos, pero desde la crisis energética, funcionarios del Gobierno se dedicaron a adjudicar contratos con total libertad.
Desde entonces, el único caso público es el de Derwick Associates, empresa que recibió 12 contratos en 14 meses durante la emergencia eléctrica decretada en 2009 por una cifra cercana a 3 millardos de dólares, y fue demandada por Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela por corrupción.
“La emergencia es una patente de corso”, dijo Poleo sobre las adjudicaciones directas que han desembocado en denuncias de corrupción. Sin embargo, aseguró que conoce hasta 14 proyectos de sobreprecios, engavetados en la Fiscalía y la Contraloría General de la República.