La Fuerza Armada y los trabajadores de Venezuela anunciaron hoy que reforzarán las seguridades en las instalaciones de empresas públicas del sector energético tras una nueva denuncia presidencial de que la explosión hace un año en una refinería obedeció a un sabotaje.
“Para nadie es un secreto que el sistema eléctrico ha sido objeto de sabotajes” y ello también debe enfrentarse con el “fortalecimiento de las milicias obreras”, por lo que “he dado instrucciones para fortalecer la milicia en Corpoelec”, añadió Padrino en alusión a la empresa estatal eléctrica.
El presidente del país, Nicolás Maduro, ordenó en mayo pasado a los altos mandos castrenses crear con los trabajadores las Milicias Obreras, “para la defensa de la soberanía nacional” y también como elemento para garantizar, dijo, la “estabilidad de la Revolución Bolivariana”.
Este fin de semana, al cumplirse un año de la explosión de una refinería en el noroeste del país que dejó casi medio centenar de muertos, más de un centenar de heridos y pérdidas millonarias, Maduro insistió en que el accidente fue obra de un sabotaje, que achacó a “sectores desesperados” de la oposición.
Aunque dijo que “las pruebas se mostrarán en los próximos días”, Maduro insistió en que la explosión y el posterior incendio en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, fue un hecho premeditado.
La oposición ha negado los señalamientos en su contra y ha achacado los accidentes petroleros y los reiterados apagones eléctricos principalmente a negligencias y a la supuesta falta de inversión en mantenimiento.
“Estamos dispuestos a defender la industria desde todos los puntos de vista” y para ello “debemos unificarnos aún más con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y enfrentar lo que haya que enfrentar”, declaró a los periodistas el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Willis Rangel.
El Gobierno venezolano anunció el 23 de abril la militarización del sistema eléctrico de forma simultánea a la entrada en vigor de una emergencia del sector que durará 90 días con el fin de “estabilizar” la red de energía del país.
Posteriormente, Maduro dijo que promovería una reforma legal para poner las penas “más severas que se puedan conocer” al delito de sabotaje.
A lo largo del año, el Gobierno de Maduro ha denunciado supuestos intentos de dañar intencionalmente instalaciones públicas.
El 9 de abril, informó de la detención de 17 personas “agarradas in fraganti saboteando las instalaciones” eléctricas, la mayoría de ellas, trabajadores de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sin que hasta el momento se hayan dado más detalles ni de esos actos ni del estado del proceso. EFE