Luego de haber logrado que se aprobaran reformas tan importantes como la educativa y la de telecomunicaciones, ambas por consenso de todos los actores políticos y aún con la oposición de ciertos sectores tanto económicos como sindicales, que vieron seriamente afectados sus intereses, Peña Nieto se lanza a la carrera por la aprobación de la reforma energética.
Esta vez, tal como se preveía, los actores políticos tienen visiones diferentes las cuales se han lanzado al debate público para su discusión. En esa diatriba se encuentra México actualmente. El petróleo desde que en el año 1936 el Presidente Lázaro Cárdenas lo nacionalizó, ha sido una materia reservada al fuero de lo propio del inconsciente colectivo mexicano, de manera que es un tema muy delicado y muy difícil de manejar políticamente a la hora de proponer cambios; sin embargo la realidad económica golpea inmisericordemente y obliga a romper paradigmas.
En México la demanda de energía crece más rápidamente que el PIB y las reservas probadas de petróleo se han reducido a la mitad porque el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos de fácil extracción ha sido insuficiente para compensar la demanda. Al ritmo actual de producción las reservas se agotarán en 13 años. Las exploraciones efectuadas han sido desalentadoras.
Pero en aguas territoriales del Golfo de México se han encontrado ingentes reservas e hidrocarburos, estimadas entre 50.000 y 60.000 MM de barriles de petróleo, la cuestión es que se hayan a dos mil metros bajo el lecho marino y Pemex no tiene los recursos necesarios para extraerlos.
Pemex podría contar con los recursos si el fisco mexicano le diera un tratamiento similar a cualquier industria, pero la estatal petrolera financia el 30% del presupuesto nacional. Entonces al no contar con recursos financieros ni con tecnología de punta, la opción obligante es asociarse con el capital internacional para extraer ese petróleo y darle viabilidad a las finanzas públicas.
El 49% de la gasolina que se consume en México es importada, así como 33% del gas, de manera qué de no tomarse medidas y seguir la tendencia actual México se convertirá en un importador neto de hidrocarburos, entonces habrá que aumentar los impuestos a la gente para sustituir los ingresos que genera actualmente Pemex y la nación se verá obligada a importar un petróleo más caro con el riesgo de no contar con un suministro seguro. Por eso la reforma energética.
La reforma propone esencialmente permitir que las empresas privadas complementen la inversión en Pemex mediante contratos para exploración y extracción del petróleo y gas, además de posibilitar que las empresas privadas participen en la refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos bajo la regulación del Gobierno; sin embargo se aclara que la renta petrolera quedará en manos del país y que todas las empresas que entren a Pemex deberán pagar impuestos.
La justificación de la reforma se resume, igualmente, en dos ejes principales: permitir que los particulares compartan con Pemex tecnología, experiencia y riesgo y garantizar suficiente energía a buen precio. Si los aspectos de soberanía nacional se manejan adecuadamente, de manera que una visión pragmática se sobreponga al nacionalismo ramplón, la nación azteca llegará también a buen puerto en esta materia, entonces México habrá despegado en firme hacia el desarrollo para la sana envidia de otros países como el nuestro, sumido en las cavernas de una ideología barata.