Símbolo de prosperidad en Europa, Noruega, actualmente en campaña electoral, tiene un problema de ricos: cómo gastar su inmensa riqueza en petrodólares sin que ello acabe perjudicando a su economía.
“Mientras los demás países de nuestro entorno están condenados a reducir sus gastos, nuestro gran desafío es que tenemos tanta riqueza petrolera que a veces acabamos utilizando ese dinero en malos proyectos no rentables” explica Oeystein Doerum, jefe economista del principal banco noruego, DNB.
El problema se vuelve acuciante con las próximas elecciones porque la derecha populista (Partido del Progreso, FrP), que seguramente formará nuevo gobierno con los conservadores tras su probable victoria en las legislativas del lunes, quiere abolir las reglas de ortodoxia presupuestaria que defienden los demás partidos.
Desde finales de los años 1990, el país escandinavo coloca religiosamente sus ingresos petroleros en un fondo destinado a financiar a largo plazo su generoso Estado del bienestar.
Esos ingresos, invertidos en títulos y en el sector inmobiliario -fuera de Noruega para evitar la inflación-, constituyen ahora el mayor fondo soberano del planeta: 750.000 millones de euros (cerca de un billón de dólares) que representan el 1,25% de la capitalización bursátil mundial.
Para que el fondo siga creciendo, una regla limita a 4% -el equivalente a su rendimiento esperado- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, que es deficitario.
“Que tengamos escuelas viejas y carreteras obsoletas, y al mismo tiempo un enorme fondo petrolero, demuestra la sobriedad y la preocupación por el largo plazo de los dirigentes noruegos”, afirma Doerum.
La derecha popular del FrP propone en cambio -y es la única en hacerlo-, acabar con ese límite. Quiere invertir en educación, investigación e infraestructuras, y asegura que el crecimiento económico generado con estas medidas alimentará las arcas del Estado a medio plazo.
El problema es que los conservadores -posiblemente la fuerza dominante en la futura coalición- quieren mantener esa regla, e incluso la encuentran demasiado generosa, porque el fondo crece actualmente de forma imparable y la cantidad de petrodólares disponibles para el Estado aumenta de forma proporcional.
“El punto más importante de las negociaciones entre el FrP y nosotros será sobre la naturaleza de los gastos, no sobre si hay que superar ese 4%”, advierte la jefa de los conservadores, Erna Solberg, probable futura Primera ministra.
“No estaremos en un gobierno que lleve a cabo una política económica irresponsable”, asegura.
Demasiado dinero es malo para la economía
Aunque el crecimiento noruego se ha ralentizado, una excesiva inyección de dinero público podría desestabilizar a la economía, según algunos expertos.
En un país donde hay casi pleno empleo, el floreciente sector petrolero favorece el aumento de salarios. Y esta subida salarial se extiende a las industrias tradicionales.
El resultado es que los costes salariales de la industria noruega son superiores en un 70% a los de los demás países europeos, un lastre enorme para la competitividad del país y para las exportaciones.
Un gran flujo de petrodólares podría tener así consecuencias catastróficas para el empleo y las cuentas públicas.
“Todo depende de la forma en que se utilice este dinero” relativiza sin embargo Torbjoern Eika, jefe de investigación en el Instituto de Estadística SSB. “Si se decide bajar tasas e impuestos, los efectos negativos para la economía serán menores […] ya que ello tenderá a alentar el ahorro”, afirma.
El primer ministro saliente, el laborista Jens Stoltenberg, a quien los sondeos auguran una derrota en las elecciones, advirtió que el proyecto de presupuesto 2014 que presentará en octubre -probablemente su último acto de gobierno- limitaría a un 3% la suma autorizada a salir del fondo.
Esta decisión sigue las recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional. Y además, a nivel político, tendría como efecto complicar la tarea de la oposición, que prometió, si llega al gobierno, reducir los impuestos y aumentar al mismo tiempo los gastos públicos en salud e infraestructuras.
AFP