La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que 38 personas han sido privadas de libertad, 62 acusadas, 242 tienen medida de presentación cautelar y 37 con fianza de caución personal por los hechos violentos generados en el país entre el 14 y 15 de abril, luego del proceso electoral en el que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, reseña la agencia oficial AVN.
El balance fue presentado por la fiscal en rueda de prensa en la que mencionó que aún hay cinco órdenes de captura que no se han sido posible ejecutar.
En ese sentido, hizo un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado “a que hagan efectiva la captura de estas cinco personas”.
Recordó que una de las personas con orden de captura es la responsable de la muerte de uno de los dos niños arrollados por un camión 350 que arremetió contra un grupo de chavistas que celebraba en la parroquia Antonio Borjas Romero, estado Zulia. Rey David Chacín, de 12 años de edad, murió inmediatamente, y María Victoria Báez, de 11 años, falleció el 23 de abril, tras una prolongada agonía.
La fiscal presentó este balance tras sostener una reunión con los familiares de las víctimas de estos hechos, donde resultaron fallecidas nueve personas y 108 heridas.
Mencionó que el ciudadano Pedro Antonio Hernández, a quien intentaron matar en esos días, todavía continua amenazándolo.
Ortega Díaz garantizó a estas personas que se hará justicia por esta situación que se generó en el país, luego de que el ex candidato presidencial de derecha Henrique Capriles Radonski llamara a los ciudadanos a salir a las calles a protestar por los resultados electorales de las elecciones presidenciales.
“El Ministerio Público está empeñado en hacer justicia, no solamente por todas las víctimas fallecidas y heridas sino que también va a proteger a las víctimas”, añadió.
La fiscal Ortega Díaz hizo un llamado a todas aquellas personas que todavía insisten en la idea de crear caos y zozobra en la colectividad a deponer su actitud.
“El Ministerio Público está atento a todas esas conductas que dejan ver una situación de querer implementar un estado de terrorismo en Venezuela”, recalcó.
Los hechos violentos ocurridos en el país los días 14 y 15 de abril se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos a atentar contra las personas e instituciones del país, entre ellos, centros de diagnóstico integral (CDI), la red Mercados de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), así como sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
AVN