La fiebre empezó una tarde. Marvelis de Leota, una robusta trigueña, sintió que se le resquebrajaron los huesos. Tenía escalofríos, el sudor empapó su cuerpo y el dolor paralizó cualquier movimiento. En la casa, localizada en la mina Puerto Beco del municipio Sifontes, al este del estado Bolívar, se echó en una hamaca a la espera de que desapareciera el malestar.
Pero el mal se había multiplicado. El esposo, la cuñada, un sobrino y decenas de vecinos de Leota fueron los siguientes en presentar los síntomas. La mitad de la comunidad fue diagnosticada con malaria.
Por cada kilómetro que conduce a las minas de Sifontes hay miles de enfermos de malaria. Están confinados en los campamentos, deambulan selva adentro en busca de minerales o se apostan en filas en la entrada de improvisados ambulatorios médicos para recibir pastillas contra el padecimiento.
Es la mayor epidemia de la enfermedad ocurrida en los últimos 52 años en el país. Hay 55.372 casos –reportados hasta la semana 36 en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud– y 89% de los enfermos está en Bolívar. El cuadro sólo es superado por los registrados antes de 1930. “En esa época, 1 de cada 3 venezolanos tenía el padecimiento. Sin embargo, las cifras se redujeron gracias a la creación de la Dirección Nacional de Malariología y Saneamiento Ambiental y las medidas puestas en práctica por el doctor Arnoldo Gabaldón para erradicar la enfermedad”, señaló el ex ministro de Sanidad José Félix Oletta, vocero de la Red Defendamos la Epidemiología.
En Sifontes está la mayor concentración de enfermos: 35.087 de más de 40.070 habitantes tienen malaria. Con apenas 24.393 kilómetros cuadrados de extensión, en el territorio se registra 63,36% de los casos del país.
En el centro de diagnóstico de la mina Puerto Beco –construido con tablillas y láminas de zinc, y coordinado por el Ministerio de Salud– no cesan las visitas. Franco Rangel, encargado de practicar las pruebas de detección de la enfermedad, atendió 13 casos en 2 días de trabajo. “No es la comunidad más grande, en otras el problema se acentúa”, dijo.
En promedio, 8 de cada 10 personas son diagnosticadas con malaria en las minas. Edwin Arares, de 20 años de edad, supo por casualidad que estaba enfermo. Salió de su vivienda el 11 de agosto en la mañana al centro de detección de Puerto Beco para acompañar a su esposa, de 16 años de edad, y a su hija de 2 meses de nacida. “La bebé no para de llorar, tiene fiebre y no quiere comer. En el campamento en que vivimos hay 9 personas infectadas. Yo sé que no tengo porque me siento bien, pero sospecho que ellas sí”, afirmó, antes de practicarse la prueba. Después de una hora conoció el resultado: él y la hija padecen la enfermedad.
En etapa inicial puede ser silenciosa. El zancudo hembra es el transmisor de la malaria, que se suele manifestar luego de 8 o 15 días de la picadura. Al principio el parásito del género Plasmodium se aloja en el hígado humano para reproducirse en las células. Después estalla en el torrente sanguíneo y se presenta el primer síntoma: la fiebre.
La afección puede ser mortal. Cuatro personas han fallecido este año en el país por causas asociadas directamente con la malaria, señalan fuentes del Ministerio de Salud. Otras muertes se han registrado por complicaciones con el padecimiento.
“La epidemia pudo prevenirse hace años. Nosotros advertimos al Gobierno en 2009 sobre el repunte de casos debido a las debilidades en los programas contra la enfermedad. Ahora, luego de cuatro años, es que toman en cuenta las recomendaciones”, aseveró Oletta.
Jesús Toro Landaeta, coordinador nacional del Programa Especial para el Control de la Malaria del Ministerio de Salud, se instaló en el municipio hace unos meses. “Desde el 5 de agosto se puso en funcionamiento un plan para atacar la enfermedad en esta zona. Si controlamos la enfermedad en San Isidro (una de las tres parroquias de Sifontes), podemos reducir en 46% los casos del país. Pero tenemos algunas dificultades en las áreas mineras, donde se concentra la mayoría de los enfermos. Estamos tratando las consecuencias de un problema social: la minería desorganizada”, indicó.
Guiados por la bulla. En la entrada es necesario esquivar casi dos kilómetros de bolsas plásticas, escombros, restos de alimentos, nubes de moscas, animales muertos y humo. Sigue el camino pantanoso, marcado por hendiduras y rodeado de árboles. Sólo rústicos y motocicletas atraviesan el inclinado paso. Es la ruta obligatoria a más de 30 minas de la parroquia San Isidro.
La Tapaya es una mina aislada del camino. Se oculta de la vista de los visitantes, pues está en la selva. El área está ocupada por 151 personas asentadas en decenas de campamentos. Francisco Álvarez, de 19 años de edad, llegó hace 2 semanas al sitio, guiado por el llamado de la “bulla” (termino usado para referirse a la movilización repentina de mineros hacia sitios con nuevos hallazgos de oro). “Yo salí de mi casa, en Anaco, estado Anzoátegui, porque escuché sobre el descubrimiento de otras minas”, contó.
El sitio no sólo es frecuentado por venezolanos. Es común tropezarse con mineros procedentes de Colombia, República Dominicana, Haití y Brasil, entre otros países.
Aunque el censo nacional de 2011 registra 43.070 habitantes en el municipio, la actividad minera convierte las estadísticas oficiales en una acelerada ruleta. Toro Landaeta afirma que la alta movilización de los mineros dificulta la vigilancia en el tratamiento contra la malaria: “Muchas veces se hace imposible monitorear si el minero sigue la receta, que dura 14 días, aproximadamente. Ellos se mueven constantemente de un sitio a otro. Algunos, inclusive, se niegan a cumplirlo debido a que deben abstenerse de beber licor y guardar reposo; prefieren no interrumpir su cotidianidad”.
Riqueza fugaz. Las condiciones de las minas son aliadas de la malaria. Álvarez camina sobre troncos de árboles, sube por terrenos arcillosos y, finalmente, cae en un hoyo lleno de lodo y mercurio. Está acompañado por Daniel Martínez –un atlético moreno de 34 años de edad–, que lleva casi una década en la explotación de piedras preciosas. “Sacamos casi 10 gramas de oro al día (equivalentes a 14.000 bolívares). Hay que soportar el dengue y la malaria para poder hacerlo”, aseguró Martínez. Los ingresos económicos obtenidos por la extracción del mineral poco mejoran el paisaje de las minas. Son pocas las viviendas de bloques o láminas de zinc. La mayor parte de los campamentos son construidos con palos y bolsas plásticas negras o lona. Están equipados, en el interior, con televisores pantalla plana de 42 pulgadas, neveras, cocinas y hamacas.
Cada carpa tiene al lado un tronco de madera que sostiene antenas de Directv. Sin embargo, la basura se amontona hasta descomponerse en las cercanías de los asentamientos y la actividad minera forma criaderos de mosquitos cuyo diámetro supera los 10 metros.
El paisaje no inquieta a Yubisay Mendoza, de 33 años de edad, ni a su familia. Asegura, mientras juega con un cerdo y sus crías en una mina de San Isidro, que no necesitan medicamentos para prevenir el padecimiento: “Ya estamos casi curados. A mí me ha dado dos veces en el año que tengo viviendo aquí. También he tenido dengue y estoy viva”.
El abandono se extiende a los poblados cercanos a las minas. En Las Claritas desapareció el asfalto de las calles. Los huecos en la vía se convirtieron en pozos aptos para la reproducción de los mosquitos, mientras que las aguas negras corren por fracturadas tuberías superficiales. “Estamos en una zona de tránsito. Los mineros solamente vienen a vender el oro, beber y divertirse en las ‘corruptelas’ (prostíbulos). El dinero es fugaz aquí”, declaró Diana Fuentes, habitante de la comunidad.
En la población es extraño observar la presencia policial. No hay cajeros electrónicos, las transacciones comerciales se realizan solamente en efectivo. Hay menos de 10 escuelas, pero más de 40 casas de compra de oro y piedras preciosas y muchos bares.
El único ambulatorio de Las Claritas no tiene capacidad para más de 200 pacientes. Allí esperan ser atendidos cada día, mientras la malaria sigue presente en el municipio Sifontes.