Pdvsa aplicó sanciones a 178 trabajadores despedidos ilegalmente a raíz del paro cívico iniciado el 2 de diciembre del 2002, entre ellos 22 damas. Inicialmente el expediente fue levantado por el auditor fiscal Raúl Soto, a quien sustituyó Ramón H. Torres C., ambos nombrados a dedo, usurpando un cargo que debe ser asignado por concurso. En el documento participó el delegatario Paúl Alvarado Rodríguez, a quien la División contra Robos de la antigua PTJ acusó en el 2001 de un hecho del cual no tenemos mayor información.
Conforme a derecho podemos alegar que todo lo actuado es nulo, que los hechos investigados prescribieron y que no se tomaron en cuenta los alegatos de los sancionados. Sin embargo, en esta ocasión queremos destacar el contenido del mamotreto mal llamado expediente. Resalta que la investigación abarca del 2 de diciembre del 2002 al 31 de marzo del 2003, lapso que toma en cuenta para establecer el monto de las supuestas pérdidas de Pdvsa. Éstas fueron estimadas en 8.340 millones de dólares por el crudo que se dejó de exportar, 504 millones de dólares por el combustible importado y 209 millones de dólares (antes el comisario de Pdvsa había estimado 789 millones) por daños no especificados. En total nueve mil cincuenta y tres millones de dólares, equivalentes a 19.463.950.000,00 bolívares fuertes al cambio de la época.
¿Cómo distribuyeron esta elevada suma entre 178 ciudadanos de Pdvsa y filiales, que incluyen a 40 presidentes, vicepresidentes y directores, 19 gerentes generales, 55 gerentes, un docente, cuatro periodistas, tres analistas, nueve asesores, cuatro abogados, 10 capitanes de barcos, cuatro del área de aviación, un médico, un sindicalista y otros profesionales? ¿Cómo estimaron las sanciones si unos fueron separados y suspendidos de sus cargos cuando el entonces presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez, asumió poderes especiales el 8 de diciembre? ¿Es o no cierto que Rodríguez llamó a los círculos paramilitares para que tomaran las puertas de las instalaciones y que el 8 de diciembre las militarizaron impidiendo el ingreso a quienes consideraban no afectos a la revolución? ¿Es o no cierto que entre diciembre y enero se produjeron la mayoría de los despidos?
No hay ninguna acusación concreta e incluso no se comprueban inasistencias al trabajo. Los señalamientos son genéricos “por no haber actuado como el mejor padre de familia” para garantizar las operaciones, reportajes de prensa sobre el paro, ser fundadores de Gente del Petróleo o asistencia a una rueda de prensa a la que muchos de los sancionados no concurrieron. Extraña que se haya sancionado a personas que se mantuvieron trabajando y a quienes Alí Rodríguez les aprobó la jubilación, así como algunos que desempeñaban cargos en el exterior o que estaban de vacaciones. En mi caso me aplicaron la sanción más alta, Bs. 124.928.665,16, a pesar de que había entregado mi cargo el 31 de octubre 2002. Ningún petrolero llamó al paro. Una vez que se produjo lo respaldé con declaraciones, de lo cual no me arrepiento.
Como en botica: Las “corazonadas” de Maduro permiten detectar fallas en aviones. Empresas aéreas le ofrecen trabajo. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!