La transferencia de la propiedad de Globovisión, emisora venezolana dedicada a la información y hasta ayer ancla de la opinión disidente, crítica ante el poder, plantea una cuestión que toca a la esencia moral de la democracia. Todavía más cuanto que, por ser un medio de comunicación social y realizar a la libertad de expresión, hace parte de su “columna vertebral”.
La cuestión no reside tanto -aun cuando cabe discutirlo- en la decisión de la mayoría de sus antiguos conductores de transferir su dominio hacia otras manos de dudosa catadura. Cabe ponderar, mejor aún, los efectos ya evidentes de lo decidido, pues ello apunta a la sustancia de la experiencia democrática, a saber, a la relación entre fines y medios legítimos.
Los fines, por legítimos que puedan considerarse, demandan de medios legítimos y no sólo legítimos en apariencia. En pocas palabras, en toda sociedad cabe el derecho al bienestar, pero jamás mediante el robo o la corrupción. Han de perseguirse a los violadores de la ley, sin vulnerarles sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La disposición de medios legítimos no purifica, por sí sola, los fines a los que se encuentran atados. Esto lo entienden las víctimas del Socialismo del siglo XXI. Se les clausuran o censuran sus periódicos, radios o televisoras, sin clausurarlos o censurarlos. Los albaceas de tan perverso modelo arguyen que son éstos los que se cierran o censuran, por sí solos; como cuando se apaga la pantalla de Radio Caracas Televisión al vencimiento de su licencia, y no le es renovada por el gobierno de Hugo Chávez, “legítimamente”.
Los casos huelgan.
A los accionistas fundadores de Globovisión se les abren juicios penales y expulsan al ostracismo por supuestos hechos ilícitos sin directa relación con la emisora, que así queda en la intemperie. El Grupo Sexto Poder -su incómodo semanario y su diario El Comercio– deja de operar bajo el régimen Maduro-Cabello, que sufre sus críticas acres, sin que éste le ponga un cerrojo. Al editor Leocenis García se le encarcela y juzga por legitimación de capitales, una vez como pretende conquistar la audiencia de la vieja Globovisión mediante la compra de otro canal que, aquí sí, la agencia de regulación de las comunicaciones (Conatel) suspende sin aviso y sin protesto, por vías de hecho.
En democracia, si acaso no bastan los ejemplos anteriores, las mayorías están impedidas de usar el voto popular o parlamentario para escoger el camino de la dictadura “democráticamente” o relajar las garantías de la libertad, o usurpar el poder bajo la cobertura de “sentencias constitucionales”, o acaso transformar a un gobernante en legislador persiguiendo judicialmente al parlamentario que se muestre disidente o en desacuerdo.
La ética democrática y hasta la decencia mandan de medios y fines legítimos a la vez y en su relación. Así de elemental.
Ocurrido lo que ocurrió con Globovisión, ella avanza -lo dicen sus compradores- hacia el “equilibrio” o la neutralidad: ¡que hable la democracia y también sus enemigos, por igual, mediante cuotas que han de calibrar en proporciones exactas los hacedores de noticias; como si fuesen carpinteros o marchantes de verduras! Que tampoco son jueces con la balanza en mano y los ojos vendados, pues la Justicia no es repartir cosas sino dar las cosas a quienes les pertenecen, mediante la razón.
La expresión libre y de suyo el periodismo, son el testimonio de lo humano. La expresión puede adiestrarse técnicamente, incluso como arte, pero si se hace técnica del equilibrio se le cortan las alas al discernimiento. Se la robotiza y deja de ser, justamente, un humano derecho.
Los periodistas, quienes se realizan a plenitud y como tales en la vieja Globovisión, unos se van cabizbajos, otros despedidos; todo a uno no quieren someterse a eso que cuestiona con bastante severidad el Papa Francisco, antes de serlo: “el pensamiento débil”, el sincretismo de laboratorio. Y los menos o quienes ahora llegan se justifican bajo argumentos probablemente humanos, como la subsistencia, o la conservación de los espacios donde reside desde ayer el credo de los empiristas.
En suma, tras un acuerdo legítimo en apariencia -una operación entre comerciantes- se le puso final al periodismo y a la democracia verdadera. Para ello -¡he aquí lo paradójico!- y en defensa de lo hecho o para ponerle coto a quienes protestan por las consecuencias de lo hecho -es el caso de la destituida periodista Nitu Pérez Osuna- se mueve con diligencia el Estado. El mismo poder pone sus piedras sobre el camino de los tribunales para no verse controlado; todavía más cuanto que se dice propietario de Globovisión. Esas tenemos.