El país parece una barca a la deriva; sumido en un mar brioso de improvisación.
Una nación aletargada, sin inclinación colectiva a la discusión de su presente y, mucho menos, de su futuro. Presa de frases cocinadas en los hornos desvencijados de la historia secuestrada de una pequeña de la isla antillana, que de tanto exportar una revolución por las armas durante décadas, tanto en Latinoamérica como en el África, logro enclavar la bandera de la denominación en las entrañas de la ex vitrina de la democracia, abolió el avance concertado de sus dirigencia políticas y bienestar colectivo diseñado en torno a un proyecto común.
Cuba ha hecho de Venezuela, un “país de segundo piso”, un “Estado Libre Asociado” de relación extrema y simbiótica, construida sobre la base artificiosa de laboratorio propagandístico de una supuesta inclinación mayoritaria del pueblo venezolano de abandonar la tradición liberal democrática construida sobre una visión libertaria de los derechos fundamentales como sustrato esencial y no instrumental o panfletario de la democracia por un Estado Comunal.
Así como el “gomecismo” es reseñado por Manuel Caballero como aquella etapa histórica que va de 1899 a 1945 dando retroactividad y ultra actividad a la presencia real y a la proyección de una forma de ejercicio del poder por parte de Juan Vicente Gómez, de la mis forma podríamos hablar del “chavismo”, como es la etapa comprendida entre 1992, fecha en que irrumpe abiertamente la figura de Hugo Chávez al escenario político nacional hasta nuestros días.
Es un periodo en que disciplinadamente se manipula la historia, se tergiversan los principios y valores que permitieron construir las bases de la democracia venezolana a partir de 1958 y que vaciaron la razón de ser de un liderazgo prematuramente abollado, clientelarmente descompuesto.
Una etapa inicial de ese periodo sin orientación de su liderazgo, tercamente opuesto a la ejecución de reformas institucionales, que hicieran un país económica, política y socialmente viable.
Un proyecto susceptible de ser comprado por una mayoría ciudadana cada vez mas decepcionada y civilmente entredicha, aislada del acontecer por un régimen de partidos que solo servía de clubes de politicastros que solo buscaban el poder por el poder y usufructuar una oscura redistribución de la riqueza petrolera, marginando y quemando a generaciones que si poseían la formación y el reconocimiento de estadistas, y que por tal razón, veían como se venía encima la estructura de un Estado asmático, incapaz de respirar y absorber los cambios experimentados en los países de la región y que la población reclamaba, sin la oportunidad de ser oídos e involucrados en los asuntos públicos.
Los venezolanos no supimos valorar el “contrato social”, mucho menos reactualizar el espíritu libertario de 1958, que implicaba el diseño y ejecución de políticas públicas, su revisión continua y la canalización del espíritu de lucha favoreciendo la promoción y ascenso generacional y, por consiguiente, la renovación institucional que le servía de base.
Ese contrato (“Pacto de Puntofijo”) permitió “el periodo más largo y civilista de convivencia libre y pacifica que hemos logrado los venezolanos”, (Ramón Guillermo Aveledo).
Sin embargo, ni fuimos capaces de reafirmar su integridad el plan mínimo de acción que refleja su talante democrático en las distintas y amplias manifestaciones que de manera indefinida aquella puede abarcar, con su adecuación a las nuevas exigencias sociales de un mundo globalizado, así como tampoco defender su significación de logros y aciertos en eso cuarenta años.
Esa actitud ha dado pié a que la ciudadanía haya comprado, y siga comprando con menos pasión y libre voluntad, el “Contrato Social de corte comunista” planteado “escalonadamente” por el chavismo, tal como lo expresa Isabel Pereira en su novísima obra “La quiebra moral de una país. Hacia un nuevo Contrato Social”, el cual tomamos prestado para intitular nuestro columna de esta semana y referirnos a este gran aporte.
La actitud pasiva acusada lleva a sostener erradamente que no existen propuestas alternativas de “convenios de convivencia” verdaderamente democráticos que ofrezcan lineamientos generales y acciones concretas que permitan consensos requeridos para la debida marcha, inclusiva y participativa de su institucionalidad.
En eso ha consistido el éxito del aparato propagandístico del gobierno: hacernos creer a generaciones anteriores a las nacidas bajo su egida y ocultar a éstas que todo tiempo anterior no sirvió, que la democracia liberal constituyo un fracaso y una forma de confiscación de nuestro bienestar. Nos hace sentir que estamos en una lucha sin sentido y sin “contrato social” alternativo, que la única propuesta pensada y con premisas de viabilidad, que compra la mayoría ciudadana, es la chavista.
Las reflexiones que desarrolla Isabel Pereira nos demuestra lo contrario.
Evidencia que existe una posibilidad cierta, viable y eficiente para generar el consenso necesario para redimensionar el Estado hipertrofiado, excluyente y herramienta de promoción de un sector indefinido pero a fin a los designios del cerebro responsable de la motricidad de las extremidades que llevan su conducción; de una Estado que solo tiene como rival “los ciudadanos que penosamente comienzan a organizarse y unirse para enfrentar esta dura etapa de confrontación con (el chavismo) cuyo designio es imponer el comunismo y un partido único de gobierno”.
Esta destacada socióloga propugna por un nuevo “Contrato Social” que inicie “un proceso masivo y gradual de transferencia de poder del Estado al ciudadano, en todos los ámbitos de nuestra existencia; sustituir su predominio como gran maquinaria social y abrir la posibilidad de la autonomía, el respeto, la pluralidad y el acuerdo priven en las relaciones interinstitucionales”.
En nuestro entender, ello no puede ser de otra forma, es una premisa elemental que debe orientar la acción inmediata de un gobierno que surja de la voluntad popular como alternativa democrática frente a un comunismo totalitario y negador de las libertades.
El nuevo “Convenio Social” esbozado por Pereira, debe construirse como “un gran acuerdo voluntario que define como se distribuye el poder en relación Estado-sociedad y cómo cada una de las personas, sectores o clases participan en el arreglo”.
Lo que se busca no es un plan de gobierno, sino la certeza de establecer un marco de relaciones lo mas simétricas posibles, regidas y controladas por el Derecho en función de la libertad, la seguridad y el bienestar de todos.
El nuevo “Contrato Social” convoca a la necesidad de pasar de un borrador a una versión definitiva, que nos permita gobernabilidad, el desarrollo pleno de la personalidad, la profundización de la libertad en todas sus manifestaciones, borrando cualquier atisbo de la atávica y perniciosa idea que ello solo es posible con la intervención promotora y aseguradora del Estado en todos los órdenes en los cuales se plasma la existencia de una sociedad; lo cual ha llevado a las subterfugios, a la estafa histórica y social de la vigencia paralela del Estado Comunal.
Pereira define una agenda del nuevo “Contrato Social” a partir de los cuales asegura se procede a “construir los acuerdos fundamentales”, que permiten reducir la discrecionalidad de las políticas públicas conjuntamente con la “vigilancia mutua entre instituciones”.
La agenda incluye:
- Fundar un capitalismo humanista que “tiene como meta universalizar la calidad de los servicios”; “significa acceso, apertura y oportunidades, pero también solidaridad como condición ética fundamental” con “aquellos grupos y personas con restricciones para desarrollar sus potencialidades”.
- Fortalecimiento de las instituciones garantes de la democracia, es decir, el Estado de Derecho como un fin. Las instituciones públicas “deben reflejar este equilibrio entre la amplia y heterogénea gama de intereses que animan a cada sector social”.
En otras palabras, afianzar “la ciudadanía como ejercicio de vida social (…) sustentada en instituciones que tengan dimensiones tanto morales como estructurales que expresen los valores, las normas, la justicia, los intereses específicos de cada grupo y su vigencia legitima”.
- Acabar con el monopolio público de los sectores rentables de la economía, lo cual supone (i) el paso de un “Estado propietario” a un “país de propietarios”, en “donde el Estado está al servicio de los ciudadanos, concentrado en la superación de las brechas que designan desigualdades, en el acceso a oportunidades y a la calidad de vida para los ciudadanos”; (ii) apertura a la participación de los venezolanos en la propiedad e inversión en el petróleo y empresas básicas del Estado; (iii) la titularización de los sectores populares, trabajadores informales, microempresarios, agricultores sin títulos de propiedad, comerciantes ambulantes y familias con títulos supletorios como “política contra la pobreza y promoción de la clase media”; la descentralización del poder que “signifique respeto a los derechos políticos y reclamo antes las responsabilidades individuales y colectivas; que en el plano cultural reivindique las diferencias y consolide los acuerdos, los pactos y el sentido de comunidad” y (iv) valorizar a la clase media como objetivo aspiracional de los sectores más pobres del país. Convertir a “Venezuela en una sociedad que supere el conflicto de clases”, “incorporar a los emprendedores y trabajadores que han construido actividad económica sin ninguna validación jurídica y fiananciera”, ”valorizar el desarrollo humano y el derecho a construir propiedad con valor legal y económico”, alentar “pactos entre los trabajadores y empresarios como expresión de libertad, respeto y compromiso de los responsables de generación de riquezas”
Es urgente la definición del nuevo “Contrato Social” que debe celebrarse a partir de las cenizas, de los escombros del Estado Comunal erigido a partir del 2007 como más ahínco e inocultable objetivo único totalitario, con un movimiento previo de tierra y remoción imponente de la esencia del Estado democrático Social y de Derecho constitucional previsto que supone el consenso y no la imposición, la participación de todos los sectores y no la exclusión, la simbiótica relación Estado e iniciativa privada y no la abolición o destrucción de ésta, como forma sistémica de acuerdo voluntario de todos los sectores.
En definitiva, “la quiebra moral de un país”, impone como lo expresa Isabel Pereira “un nuevo Contrato Social” en virtud que “es un desafío que tienen los venezolanos para logar un futuro que supere las calamidades de hoy”.
@Negropalacios