“A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley“. La frase, atribuida a un funcionario de la UNAM tras la incruenta operación de desalojo a los estudiantes que paralizaron esa casa de estudios en 1999, es reveladora del poco peso que nuestra cultura política otorga al acatamiento de las leyes.
Si las reglas contravienen la voluntad de un grupo que decide pasar sobre ellas, el problema -según el grupo- es de las reglas. Esa lógica prevalece en incontables manifestaciones de nuestra vida pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico de la ciudad: la gente en México conduce su auto o motocicleta como si fuesen una prolongación de su cuerpo, moviéndolos con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia pero casi nunca la convicción cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sindicales o políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías y el bloqueo de aeropuertos como la agresión a ciudadanos y comercios son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes (como hemos visto) no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho “natural” de protestar sin límites, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún: si la autoridad pretende hacer valer la ley por medios pacíficos, es inmediatamente tachada de represora.
La noción de preeminencia de la “ley natural” sobre la ley escrita se aloja en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho. En México -como en la España del “Siglo de Oro”- todo pueblo es “el Pueblo”, toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del “imaginario” político mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es “Fuenteovejuna” y se siente con derecho a actuar sin mediaciones contra los comendadores en turno.
La diferencia, claro, es que en la obra de Lope de Vega el pueblo reunido en la plaza era realmente todo el pueblo. En el caso de México, recientemente vimos a los maestros de la CNTE (al margen de la justificación de su protesta) actuar como si representaran no sólo a todo el gremio sino a todo el país. Y el domingo pasado Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores dar inicio a una serie de acciones de “desobediencia civil” para impedir la aprobación de la Reforma Energética, la principal de las cuales sería el “cerco” del Congreso, del Senado y de los Congresos locales. Esta acción, amparada en su “derecho natural de protestar”, iría más allá del derecho a manifestarse: propone impedir el acceso a los legisladores a sus respectivas Cámaras. De cumplirse, en los hechos equivaldría a suspender uno de los poderes. El “Pueblo” suplantaría, en ese escenario, al Poder Legislativo.
Los liberales del siglo XIX tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso confiaron en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que permite vivir en convivencia y no “al natural”, sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del “pueblo”, cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese “pueblo” entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de “orden natural”.
La protesta es un factor fundamental en la construcción de una democracia. Pero las formas importan, y en una democracia las formas importan decisivamente. ¿Protestar dentro o fuera de las instituciones y conforme a las leyes? La estabilidad y la paz de México dependen de la respuesta a esa pregunta.
(Reforma, 13 octubre 2013)
Tomado de Letras Libres