Colombia defendió hoy ante la CIDH sus progresos en materia de derechos humanos, pese a las acusaciones de represión durante las protestas sociales que han tenido lugar este año, mientras que Venezuela rechazó categóricamente las acusaciones e insinuó que las ONGs conspiran en su contra. EFE
Asociaciones campesinas y de la sociedad civil de Colombia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las protestas que han tenido lugar en los últimos meses en el país andino han sufrido los niveles de represión más altos de su historia reciente.
Franklin Castañedo, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó ante los comisionados que las protestas sociales que han sacudido Colombia este año tenían un carácter pacífico y, aunque muchas de ellas habían sido precedidas de reuniones con el Gobierno nacional, fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con un uso excesivo de la fuerza.
Castañedo denunció la muerte de un total de 15 personas durante los periodos de protesta, doce de ellas por armas de fuego.
El Estado colombiano lamentó cualquier tipo de violencia y argumentó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se empleó para preservar los derechos de otros ciudadanos que estaban siendo afectados por las protestas.
Sin embargo, los representantes del Estado colombiano rechazaron cualquier tipo de episodio de violencia dentro de un contexto de protesta social, pero alegaron también que los disturbios fueron producto de la intransigencia de los manifestantes.
“Lamentamos profundamente cada una de esas muertes. No debían haber ocurrido, ninguna. (…) No podemos entender el uso de armas dentro en una protesta pacífica, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en estos años que estamos construyendo un nuevo país, para que esas diferencias se terminen”, dijo el representante colombiano ante la OEA, el embajador Andrés González.
“El uso de la fuerza únicamente se utilizó cuando las protestas estaban vulnerando los derechos de otros ciudadanos”, argumentó el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya.
Colombia, que fue protagonista de otras cuatro audiencias temáticas, también defendió sus progresos en materia indígena y alegó que el Gobierno ha abierto numerosos canales de discusión y ayuda con los pueblos originarios colombianos, al mismo tiempo que subrayó su lucha contra el paramilitarismo en el país, al que quiso diferenciar de las bandas criminales de narcotraficantes.
Mientras tanto, Venezuela acudió a otras cuatro audiencias relativas a los derechos humanos en el país caribeño, pero rechazó cualquier tipo de acusación.
El Gobierno venezolano sugirió que las ONG del país acuden a organismos internacionales como la CIDH para sentar las bases de un golpe de Estado tras escuchar las denuncias de los activistas sobre el aumento de ejecuciones extrajudiciales y las trabas a la propiedad privada y la libertad de asociación.
“Inmediatamente después de que el (fallecido) presidente (Hugo) Chávez (asumiera el poder en 1998) empezaron a proliferar las ONGs. ¿Para qué? Para venir aquí a denunciar mentiras, nada más que malponer el Estado venezolano”, señaló el representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, en una audiencia dedicada a la libertad de asociación en Venezuela.
Por otra parte, Saltrón aseguró que Estados Unidos y Canadá “tienen razón” en su negativa a ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y que Venezuela no se replanteará su decisión de denunciar ese instrumento internacional.
“Tienen razón ellos en no aceptar eso porque si lo aceptan, están aceptando que va a haber un organismo internacional por encima de sus tribunales y eso es imposible, viola la soberanía de los países”, agregó a la salida de una de las audiencias.
En otra audiencia, varios organizaciones denunciaron que alrededor de 50 haitianos llegan cada día sin papeles a Brasil en una compleja ruta migratoria que les lleva por países como la República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia y en la que quedan sujetos a la manipulación de “coyotes” que les cobran miles de dólares.
Las autoridades brasileñas han creado una “visa humanitaria” para canalizar el flujo migratorio de haitianos, pero la falta de difusión de su existencia y de una política coordinada con los países de la ruta perpetúa la situación de desprotección de los migrantes, alertó Camila Asanu, de Conectas Direitos Humanos.