La audiencia duró apenas diez minutos debido a que las tres magistradas que integran el tribunal fueron convocadas a una asamblea general de jueces por la Corte Superior de Lima para tratar aspectos propios de la judicatura.
Fujimori es acusado de desviar fondos públicos para financiar a un grupo de diarios sensacionalistas, conocidos en Perú como ‘prensa chicha’, que difamaban a los opositores a su gobierno (1990-2000).
La audiencia fue reprogramada para el 14 de noviembre “con la finalidad de que los integrantes de este colegiado podamos reintegrarnos a la sala plena que en este momento viene realizándose en la Corte de Lima”, dijo la presidente del tribunal, Aissa Mendoza.
Momentos antes, Mendoza había llamado la atención al expresidente, quien ubicado frente al tribunal había girado su silla mirando a la sala donde estaban los periodistas.
“Señor Fujimori, manténgase mirando al colegiado. No mire la parte posterior como está haciendo, le pedimos que se mantenga como corresponde”, fue la llamada de atención de la magistrada al acusado, que reaccionó molesto a la advertencia.
En la próxima audiencia la fiscal Milagros Mora presentará la acusación sobre el desvío de 122 millones de soles (unos 40 millones de dólares) del presupuesto de las fuerzas armadas para destinarlos a los diarios sensacionalistas en busca de su segunda reelección presidencial en 2000.
La fiscalía ha citado más de una docena de testigos, entre ellos a Vladimiro Montesinos, exasesor y brazo derecho de Fujimori.
El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, declaró que Montesinos, quien ya fue sentenciado por ese mismo delito en 2005, involucró a Fujimori en la elaboración de los titulares que publicaban los diarios “chicha” y dijo que el exmandatario ordenó el desvío de fondos para esa prensa.
De las tres audiencias realizadas desde que empezó el juicio el 17 de octubre, sólo la primera transcurrió normalmente ya que la segunda se suspendió por motivos de salud de Fujimori, quien sufre de hipertensión.
El expresidente, de 75 años, cumple una condena de 25 años de cárcel en una base policial de Lima por violación de derechos humanos y secuestros durante su gobierno (1990-2000) en el contexto de la lucha contra la guerrilla y el terrorismo del maoista Sendero Luminoso.