Este jueves el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó al país su 2do Informe sobre la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que comprende el monitoreo al desarrollo de esta política en su segundo año de ejecución.
A diferencia de nuestro informe anterior sobre los primeros 365 días de gestión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el esquema de este segundo informe no se guió por los ejes de la GMVV, sino por los estándares internacionales a ser cumplidos por los Estados para garantizar el derecho a la vivienda digna.
Para la preparación de este informe, Provea solicitó institucionalmente en dos oportunidades información acerca de las viviendas adjudicadas y en proceso de construcción por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela al Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat (MINVIH), sin obtener ningún tipo de respuesta. Asimismo, la información sobre la gestión de la institución, la Memoria y Cuenta 2012, no se encuentra disponible de manera pública.
Según la data recopilada por Provea durante el 2012 se entregaron 87.203 viviendas en todo el país, lo cual contrasta con la cifra oficial de la sumatoria de las casas entregadas por estados presentes en el mapa oficial de la GMVV presente en su sitio web, cuya suma es de 191.797 viviendas, número diferente al expresado en la Memoria y Cuenta 2012 que las estipula en 200.080 casas.
La difusión de cifras dispares, como detallamos en nuestro primer informe sobre la GMVV, refleja la descoordinación e improvisación institucional que parece continuar primando en esta política pública.
Por otro lado, cabe destacar que en mayo de 2011 el gobierno nacional organizó el Registro Nacional de Vivienda generando una enorme expectativa en sectores de la población necesitada de una solución habitacional. Se invirtieron recursos y tiempo en este registro que abarcó la mayoría de los estados del país. Dos años después no se conocen los resultados de ese registro y el gobierno nacional está en la obligación de informar al pueblo venezolano.
En el caso de los convenios internacionales suscritos por el Ejecutivo Nacional para la construcción de viviendas, existe una escasa contraloría gubernamental. Consecuencia de ello son las denuncias sobre el incumplimiento de la normativa laboral para los trabajadores que han sido traídos de otros países para la realización de las obras. Dirigentes del sector construcción estimaron en 13.700 los ciudadanos de nacionalidad china que laboran en la GMVV, los cuales no se regirían por la normativa laboral venezolana, trabajando hasta 14 horas diarias y sin percibir los beneficios contemplado en la normativa laboral venezolana vigente.
En cuanto a las condiciones de habitabilidad, Provea detectó en sus visitas a urbanismos de la GMVV que los apartamentos nuevos se encuentran habitados en situación de hacinamiento, coexistiendo más de dos núcleos familiares dentro de una vivienda que fue inicialmente construida para un número menor de habitantes.
En lo que respecta a la asequibilidad, estamos en capacidad de afirmar que la GMVV ha sido utilizada por el Ejecutivo Nacional de manera proselitista-electoral violando el principio constitucional de no discriminación (artículo 21), los funcionarios públicos al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna (artículo 145) y el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre los años 2012 y 2013 la GMVV ha sido utilizada en, por lo menos, 23 oportunidades para beneficiar candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En 8 de los 15 casos registrados en el 2012 (53%) de uso de recursos públicos de la GMVV para favorecer candidaturas electorales contaron con la propia participación del ministro de vivienda Ricardo Molina.
Finalmente Provea realizó un conjunto de propuestas a los poderes públicos:
1) Consensuar un Plan Nacional de Hábitat y Construcción de Viviendas con todos los sectores (Estado, sector privado, universidades, gremios y familias sin vivienda propia), con metas definidas a corto, mediano y largo plazo.
2) Establecer un sistema público nacional de información sobre la GMVV, utilizando las tecnologías de comunicación para difundir: Familias beneficiadas, Urbanismos adjudicados, Contratistas responsables, Plazos de ejecución y niveles de cumplimiento de las obras.
3) Modificar la Ley Especial de Refugios Dignos incluyendo artículos que estipulen el tiempo máximo de permanencia de familias dentro de los refugios así como sanciones para las instituciones que incumplan la normativa.
4) Incluir dentro de los sectores prioritarios para resultar beneficiarios de la GMVV a las familias que viven en zonas calificadas como alto riesgo, como parte de un plan nacional de mitigación de los efectos del cambio climático.
5) Que se den a conocer los resultados del registro nacional de vivienda y las políticas que a partir del mismo se desarrollaran en el corto y mediano plazo.
Prensa Provea