La audaz iniciativa del Gobierno uruguayo para legalizar la producción y venta de marihuana, que se espera que mañana concluya su trámite parlamentario, concita más rechazo que simpatía en una región hipersensible al problema de las drogas. EFE
El presidente uruguayo, José Mujica, reconoció recientemente en una entrevista que ha sufrido “presiones” de países vecinos, entre ellos Brasil, que temen que la marihuana legal de Uruguay traspase las fronteras.
El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, advirtió el mes pasado que la legalización de la marihuana en Uruguay tendrá “serias repercusiones para la salud pública, particularmente para la juventud, además de suponer una violación de los tratados internacionales”.
Pese a estas opiniones contrarias, se espera que el Senado uruguayo apruebe mañana el proyecto por el que el Estado controlará y regulará “la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados”.
La iniciativa es toda una “revolución” en una región que lleva años gastando ingentes cantidades de tiempo, dinero y también sangre en combatir el narcotráfico sin conseguir los resultados esperados.
Estados Unidos “ha creído ingenuamente que con una represión desatada por esta parte (América Latina) este fenómeno (el narcotráfico) se va a arreglar” y no es así, opina Mujica.
Aunque el debate sobre la necesidad de cambiar de estrategia estaba abierto desde hacía años, nunca se había llegado tan lejos.
Sin embargo, aun asumiendo el fracaso de las políticas represivas contra las drogas, muchos Gobiernos de la región no están de acuerdo con la idea de que los Estados deban hacerle la competencia a los narcotraficantes y no creen que legalizar la droga sea la solución.
“Creo que realmente es una utopía”, señaló en agosto pasado a Efe Luis Rojas, el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, el segundo país productor de marihuana del mundo.
Para Rojas, “la situación no va a cambiar” y Uruguay va a seguir recibiendo la marihuana producida en Paraguay.
El 80 % de la marihuana paraguaya se vende a organizaciones delictivas de Brasil, cuyo Gobierno es el más preocupado por las consecuencias de que la marihuana sea legal en su vecino del sur.
“No existe ningún país en el mundo que haya logrado reducir el consumo de drogas a través de su legalización. Todos los que recorrieron ese camino luego tuvieron que volver atrás”, aseguró en noviembre pasado en Montevideo el diputado brasileño Osmar Terra.
El legislador, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño, que forma parte del Gobierno, fue enviado a Uruguay como parte de una “misión oficial” del Parlamento, ya que es el autor de un proyecto de ley para endurecer las penas para delitos de drogas, que ya ha pasado el primer trámite en la Cámara baja.
En Argentina, el otro vecino de Uruguay, donde el avance del narcotráfico es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, sorprendió el mes pasado al señalar que la propuesta de Uruguay “es digna de ser estudiada”.
La tenencia de marihuana para uso personal es ilegal en Argentina, aunque existen varios fallos judiciales que van en la dirección contraria y han sentado jurisprudencia.
Hay otros países de la región donde la posesión de marihuana para uso personal o tiene una leve penalización o está despenalizada, como es el caso de Chile o de Colombia.
En México, país que libra un duro combate contra los carteles de las drogas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto está en contra de la legalización, pero también existen defensores de esa medida, como el expresidente Vicente Fox.
Incluso hay planteado un recurso la Suprema Corte ha recibido un recurso para impugnar las leyes que prohíben la siembra, transporte y consumo de marihuana.
El caso uruguayo ha servido de ejemplo a un grupo de legisladores en Puerto Rico que han logrado que el Senado apruebe ya un proyecto de ley para despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal, que pasará ahora a la Cámara de Representantes.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, es partidario de “intensificar” la lucha contra las drogas, mientras que el de Chile, Sebastián Piñera, opina que “todo aquello que conduzca a que se consuma más droga en el país es malo”, por lo que no está dispuesto a ir más allá de no castigar el consumo personal.
Para Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, donde no está permitido el consumo de drogas en ningún caso, la despenalización “no tiene sentido” y “sería legalizar el crimen”.
Por el contrario, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, promueve en la comunidad internacional un diálogo sobre la necesidad de buscar “nuevas rutas” para combatir las drogas y el narcotráfico, como estrategia para reducir la violencia que generan.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también defiende una revisión de las políticas internacionales de lucha contra la droga e incluso ha señalado públicamente que acompañaría la opción de la legalización de la marihuana si otra persona la liderara.
Hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha señalado que legalizar la marihuana es una estrategia “que vale la pena ensayar”.
“No tenemos objeción a que se lleven adelante (leyes que legalicen la marihuana). No las acompañamos de forma abierta porque no tenemos el mandato de los países miembros, pero entendemos que este es un tema abierto”, dijo Insulza en julio pasado.
La iniciativa de Mujica ha interesado incluso a un multimillonario como David Rockfeller, con quien el presidente uruguayo se reunió en Nueva York en septiembre pasado.
“No defiendo la marihuana y quisiera que no exista” pues “ningún vicio es bueno”, pero “vamos a regular un mercado que ya existe” y frente al cual “no se puede cerrar los ojos”, sobre todo porque “la vía represiva” contra las drogas “fracasó”, declara Mujica. EFE