A propósito de la creación del Comité Promotor para impulsar la nueva televisión venezolana que fomente la convivencia y la paz, anunciado recientemente por la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, algunos expertos consultados endosan la violencia a la impunidad y no a la programación televisiva nacional, publica El Tiempo.
La hipótesis del comunicólogo Marcelino Bisbal es que el Gobierno nacional estaría aprovechando el impacto mediático del asesinato de la actriz Mónica Spear (sucedido en el pasado 6 de enero) para acusar a los medios de incentivar la violencia, y esto le permitiría buscar nuevas formas para controlarlos.
Rodríguez señaló hace poco que urge hacer un debate nacional abierto sobre el modelo comunicacional actual, que lo catalogó de “antinatural y antihumano, que transmite antivalores como la violencia, culto a las drogas y muerte”.
Es por este motivo que en el próximo lunes el presidente Nicolás Maduro liderará una reunión con las televisoras públicas y privadas para tratar el tema.
La ministra probablemente planteará a los empresarios que se modifique la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión a fin de activar una programación que impulse la construcción de la paz.
En ese encuentro será analizado el impacto de telenovelas y programas de acción en la sociedad.
Ya Maduro adelantó que estos espacios estimulan la violencia nacional.
En este sentido, Marcelino Bisbal aseguró que no existe ningún estudio serio en Venezuela o América Latina que atribuya la correlación directa entre violencia en el entorno social y los medios de comunicación social.
“Decir que a la televisión y, especialmente la telenovela, es la causante de la inseguridad, es falso” comentó el profesor.
Pero el ministro de Turismo, Andrés Izarra, pidió el pasado viernes en su cuenta de Twitter (@IzarraDeVerdad) al escritor de dramáticos Leonardo Padrón, que “no envenene más al pueblo”.
Para el especialista en Semiótica, el incremento de la criminalidad del país se debe a que no ha existido una política pública dirigida a contener la inseguridad y la violencia.
“Sí hubo planes de seguridad en el pasado, pero se quedaron en el papel”.
Hay que recordar que en los últimos 15 años la administración pública ha activado 22 planes de seguridad y cambiado a 8 ministros de Interior y Justicia.
Para la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, el auge de la violencia criminal está ligado a la desaparición del Estado.