Paredes a medio tumbar es lo que queda en las principales calles del sector Turiaco en Lagunillas. La frase “x derrumbar” se lee en cada casa construida hace más de 50 años en un espacio amplio de terreno que se hunde cada año producto de la extracción de petróleo, agua y gas. Turiaco es una de las tantas comunidades declaradas en 1986 como “Áreas Urbanas sujetas a Acciones Especiales” (AAE) y cuyos habitantes deben ser reubicados.
Para 1991, cuando comenzó la reubicación, se contabilizaban 35 mil familias en Bachaquero, Laguillas y Tía Juana, los tres municipios de la Costa Oriental del Lago afectados. Para 2012 se estimaba que al menos 40 por ciento de la población esperaba reubicación, pero luego de varios periodos de paralización del proceso, vecinos afectados reclaman celeridad. Al menos 15 familias de Turiaco viven en medio de lo que llaman “zona de escombros” sufriendo las consecuencias de una reubicación que algunos califican como “sesgada y poco apegada a lo social”.
Rafael Ramírez, diputado del Consejo Legislativo del Zulia, acompañado de Elaine Pire, concejal de Lagunillas y Luis Martínez, director de participación ciudadana de la alcaldía de Lagunillas; se reunieron con los afectados de Turiaco para conocer su realidad. Ramírez aseguró que la Constitución Nacional ampara a todo aquel que se encuentre en situación especial como ellos.
“Todos tenemos los mismos derechos frente a la Constitución Nacional y ante una situación especial como esta no puede haber ningún tipo de discriminación. Los afectados de la subsidencia en Lagunillas necesitan atención urgente. Muchas situaciones irregulares se pueden presentar a la hora de reubicar a las familias, pero para poder agilizar el proceso y liberarlas del riesgo que corren en este momento se deben tomar acciones sociales que permitan que todos obtengan lo que por derecho les corresponde, que es una vivienda digna y un espacio acorde a lo que cada familia poseía en su comunidad. Es deber del Estado protegerlos a todos por igual”.
Ramírez tomó nota de todas las denuncias realizadas por los vecinos de Turiaco a fin de presentar un informe ante el Consejo Legislativo del Zulia.
Arnet Contreras, líder de la comunidad y defensor de los derechos de los reubicados, aseguró que algunos atropellos se están viviendo con la nueva administración de PDVSA. Todos han sido llevados a instancias legislativas y esperan poder llevar cada caso ante la fiscalía para exigirle a PDVSA que cumpla de manera integral con sus compromisos.
Pablo Hernández, propietario de un taller de herrería ubicado en la calle Lara del sector Turiaco, denunció que hace tres meses, cuando por su calle entregaron las llaves de los apartamentos donde reubicaron a sus vecinos, el agua dejó de llegar. “Yo no me fui porque tenemos que resolver lo del negocio. A mí no me sirve un apartamento, necesito una casa donde yo pueda montar de nuevo mi manera de sustento y los representantes de PDVSA accedieron. Espero por ellos la casa. Pero ahora estoy viviendo en un pueblo fantasma y casi sin servicios públicos porque antes por lo menos teníamos luz y agua ahora solamente luz. ¿Cuantos meses más tienen que pasar para que me reubiquen?”.
Vecinos denuncian casos de personas que por no tener carga familiar no le que quieren dar el apartamento, amparándose en algunos criterios de prioridad que según el diputado Ramírez, rayan en la discriminación. “No porque un hombre esté sólo, sin familia en su casa, deben dejarlo de último para reubicarlo. La emergencia la viven todos y el peligro no distingue de si tienes 20, 40 ó 60 años, si eres mujer con hijos o si eres un abuelo. Aquí hay que ponerse la mano en el corazón y resolver socialmente cada una de las realidades sin importar sus detalles”, expresó Ramírez.
Informó que la próxima semana solicitará un derecho de palabra en el Concejo Legislativo para tratar este tema e impulsar acciones que se traduzcan en celeridad y solución.
Prensa Primero Justicia