“El propósito del gobierno para centralizar la previsión social de los universitarios es debilitar los organismos que prestan servicio a los empleados, obreros y profesorado de la Universidad de Los Andes (ULA) hasta liquidarlo, así como pretende acabar con el ejercicio de su autonomía”. Prensa UNT
Así se refirió Carlos Ramos, diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Mérida, ante la exigencia del gobierno Nacional de eliminar los entes creados para brindarle seguridad social a los trabajadores ulandinos.
“Si esa imposición se concreta, los universitarios entrarían en una crisis de atención en cuanto a los beneficios que por más de 50 años han sido atendidos por la ULA, vale decir, atención en materia de salud, vivienda, deporte, formación académica, entre muchas ayudas alcanzadas, profundizando en sus núcleos familiares la grave situación económica que se en vive el país”, advirtió el parlamentario.
Explicó que el 19 de enero del año en curso, la Contraloría General de la República emitió un informe que fue recibido por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de los Andes FONPRULA y el Rector Mario Bonucci, “recomendando la supresión” de dicho ente.
El mismo fue elaborado por la Dirección del Control del Sector de Desarrollo Social, adscrito a la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizado y ejecutado por la Auditoría Interna de la ULA, solicitando el traslado de los recursos de FONPRULA a la Tesorería de Seguridad Social.
Carlos Ramos exhortó a los merideños a tomar acciones que coadyuven a preservar una organización que, pese a la situación crítica que viven los venezolanos, ha favorecido a trabajadores con préstamos que ayudan a cubrir sus necesidades más urgentes, entre ellas, necesidades de vivienda y servicio de aporte en salud con cobertura de HCM.
Dijo que las consecuencias serán nefastas dado que el estado no es capaz de responder a las necesidades de previsión social de los universitarios. Recordó también que el informe ya se había planteado por solicitud del ministro Edgardo Ramírez, que ejerció hace algunos años la cartera del Ministerio de Educación Superior. Aseveró el diputado que esa “supresión” ejecutará en las 15 universidades que poseen fondos de jubilación.