La censura parece haber cobrado una dimensión útil para el Gobierno nacional. En los últimos 15 años, el Ejecutivo ha trabajado por arrinconar a las empresas mediáticas disidentes, mientras fortalece a los pro oficialistas. laverdad.com / Nailibeth Parra Carvajal
Lo más reciente: Conatel amenaza con sancionar a quienes transmitan las protestas en calle convocadas por la oposición. El resultado: Una autocensura comprobada que deja a la audiencia venezolana con las redes sociales y televisoras internacionales como las únicas ventanas de información al instante.
La organización Espacio Público difundió a finales del año pasado, que cada cuatro días ocurre un caso de censura en el país. Solo en 2013 hubo un incremento de 87 por ciento, y la mayoría proviene de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos.
Nikary González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodista, se muestra indignada ante la situación: “Cómo es posible que si no fuera por CNN, Caracol, NTN 24 y RCN, en Venezuela no nos enteramos qué está pasando. Estas son medidas políticas, propias de una dictadura”.
Por estos días, desde Mérida, usuarios en Twitter denuncian el “silencio descarado” de las emisoras de radio, tras las movilizaciones de estudiantes. “Que las radios transmitan música para no informar es la versión oficial de las comiquitas que criticaron en 2002”, publicaba ayer el periodista Luis Carlos Díaz, a través de su cuenta @LuisCarlos, para quien la televisión en el país “murió de censura” ante la presión gubernamental.
La arremetida contra los medios inició con el mandato de Hugo Chávez. En su gestión se retiró la concesión como televisora abierta nacional a Radio Caracas Televisión, del Circuito Radial Belfort (CNB), nació la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como ente regulador y se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que tiempo después se le acuñó los medios electrónicos. Además, inició el poderío comunicacional en manos del Estado, con la conformación de medios alternativos independientes, en su mayoría radios, televisoras e impresos comunitarios con línea editorial pro gobierno.
Callados a juro
La respuesta oficial siempre ha sido la democratización del sector. Luis Britto García, escritor e intelectual afecto al Gobierno, desmintió ante la CIDH las denuncias de censura y violaciones a la libertad de expresión, asegurando que es “inadmisible” las acusaciones en contra del Ejecutivo, pues los medios adversos “crecer y proliferan, inventando constantemente sin ningún tipo de obstrucción”.
A solo 10 meses desde que el presidente Nicolás Maduro tomó el poder, gremios, ONG, comunicólogos y políticos alertan de la embestida hacia los medios de comunicación. Los problemas de importación de papel, la compra de empresas mediáticas, la fiscalización de contenidos en televisión y la reformulación de los organismos reguladores presagian de la nueva política comunicacional que se emprende desde Miraflores.