El Secretario General Nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, destacó este viernes el derecho inquebrantable a la protesta, consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional.
El líder político rechazó de esta forma el pronunciamiento de Nicolás Maduro según el cual las manifestaciones deben contar con permiso, a la vez de señalar que está prohibido expresamente el uso de armas de fuego y armas tóxicas en el control de protestas pacíficas. “Lo que hemos visto esta semana en todo el país es que no sólo los cuerpos de seguridad con capacidad para mantener el orden público, sino además las policías que no tienen entre sus atribuciones esta tarea, han actuado para reprimir con armas de fuego”, deploró.
Igualmente destacó que la existencia y actuación de los cuerpos parapoliciales, o como el gobierno los ha decidido llamar “colectivos”, también armados y sin ningún límite de acción, se han dado a la tarea de reprimir y amedrentar a la gente que protesta en diversas ciudades del país. “Las armas de estos grupos irregulares se las han suministrado quienes llevan quince años en el poder y han apelado a esta gente para crear intimidar y de algún modo extralegal someter a la población que por miedo había decidido mantenerse callada. Esta estrategia inhumana, ilegal, amparada en la impunidad que decididamente se le otorga desde unas instituciones secuestradas con fines partidistas, es la principal causante de los asesinatos de estos días”, afirmó Ávila.
El vocero de Unidad Visión Venezuela lamentó estas muertes, todas, sin distinción de ideología, y se solidarizó con sus familiares en un momento tan difícil para ellos. “Si de verdad queremos un país en paz, tenemos que dejar de dividir en nuestros sentimientos a quienes no piensan como nosotros. La vida humana es el valor más preciado que existe y en cualquier Estado democrático es vital su protección”.
Igualmente Omar Ávila deploró los actos vandálicos que se han registrado luego de protestas pacíficas, asegurando que la destrucción de bienes públicos no genera ningún tipo de beneficio. Opina que la fortaleza de una manifestación es la presencia masiva de personas que legítimamente se ven afectados por las condiciones económicas y sociales que se viven el país, enteramente responsabilidad del sector oficial. “Unas alcantarillas rotas, fachadas deterioradas, no nos devuelven los productos de primera necesidad que están tan escasos ni garantizan menos inseguridad”, explicó.
Insistió en que en el país hay mucho descontento y sobran las razones para protestar, pasando por el alto costo de la vida, que condena a los trabajadores a mantenerse endeudados para garantizar la sobrevivencia de sus familias, la escasez, mucho mayor que la existente para febrero de 1989, la violencia en las calles, la deficiencia de los servicios públicos, entre otras. “Evidencia de este malestar generalizado son las más de cinco mil protestas realizadas en todo el país durante el año pasado”, añadió.
Comentó la similitud que el gobierno pretende hacer de los acontecimientos del 12 de febrero con los de abril de 2002, y en consecuencia sugirió la creación de una instancia política similar a la que se designó en aquel momento en la Asamblea Nacional, para investigar a fondo lo sucedido y determinar responsabilidades. “Creemos que aparte de la investigación policial y forense, que debería ser desprendida de cualquier sesgo político partidista, debe haber una comisión de la verdad con la participación de los diversos factores de la sociedad venezolana que valore los escenarios que se han planteado y que hoy en día cuenta con más testimonio gráfico en vista de la cantidad de videos y fotografías que cualquier participante en las protestas, aparte de los profesionales, pudieron captar”, dijo.
“La intención es descubrir responsabilidades en acciones y omisiones y no legitimar a priori las teorías que se presentan de lado y lado sobre lo sucedido”, insistió, principalmente por la afirmación del gobierno de un golpe de estado en desarrollo, mientras se presencia un desfile militar en Aragua.