Hoy la ciudad de San Cristóbal cumple 25 días semiparalizada. Desde el viernes 14 de febrero, cuando salieron a laborar pocas unidades de transporte público y paulatinamente el comercio empezó a bajar sus santamarías, el quehacer diario cambió y pasó de un clima de cansancio y hastío, a un estado de zozobra y violencia, donde sus habitantes se vieron en la necesidad de un encierro obligado para resguardarse. lanacion.com.ve / Mariana Contreras
Protestas estudiantiles, conatos de incendios, barricadas instaladas de extremo a extremo, amenazas al comercio y al transporte por motorizados encapuchados y armados, redundaron en saqueos, heridos, incendios de vehículos, ataques a la propiedad pública y privada, suspensión de clases en las universidades, ausentismo escolar en el sistema de educación básica y restricción de horarios en supermercados, solo por contar algunas cosas.
Las calles y avenidas eran escenario de batallas campales, aquellas que solo se observan en películas de guerra. Barricadas incendiadas alertaban de la obstrucción del paso. La oscuridad de las noches o madrugadas era protagonista de arremetidas contra la población. El desabastecimiento y el alto costo mantenían en crisis a los consumidores. Pero todo parecía desenvolverse en un ambiente de tensa calma, como a la expectativa de algo más.
La raíz de las protestas estudiantiles fue por un presunto intento de violación a una estudiante en el Jardín Botánico de la ULA-Táchira, lo que desató esta crisis el 4 de febrero. Al pasar los días, la gente se fue sumando al llamado de los estudiantes, que exigían una salida ante lo que consideraban una inoperancia del Gobierno nacional. Y quizás fue la paralización del transporte y el comercio lo que agudizó más este caos.
Por parte del transporte siempre hubo un pronunciamiento para informar que no habían llamado a paro, sino que las condiciones no estaban dadas para salir a prestar el servicio, ni había garantías del estado para resguardar a las unidades, los pasajeros y conductores. El 13 de febrero, en horas del mediodía, el transporte dejó de trabajar ante el secuestro de una unidad y el cierre del Terminal, donde fueron desalojadas todas las unidades.
Hay un intento por retomar las actividades, el 14, 15, 16 y 17 de febrero, con pocas unidades, pero el martes 18 nuevamente un grupo de encapuchados saca las líneas del Terminal y cierra el acceso a sus instalaciones. De allí, formalmente el transporte decide que el que quiera trabajar lo hará a riesgo, mientras se desarrollan reuniones con las autoridades para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno para brindar resguardo a los transportistas, en asamblea de ciudadanos del domingo 23 de febrero se ratifica la paralización del servicio.
Esa realidad se mantiene hasta hace algunos días, cuando la ciudad pareciera reactivarse y comienzan a laborar algunas líneas que cubren rutas interurbanas y suburbanas.
En el caso del comercio, no ha existido un pronunciamiento oficial, pero ha sido evidente que ante las amenazas sufridas, algunos ataques con piedras y hasta atracos a mano armada, los propietarios han optado por no abrir sus puertas; a lo cual se suma la dificultad del personal para llegar a sus puestos de trabajo por la ausencia del transporte.
El sábado 15 de febrero, en horas de la noche, los establecimientos del área comercial de Barrio Obrero y el centro sufrieron una ola de terror por parte de motorizados encapuchados y armados, que obligaron a cerrar negocios, amenazando a la gente. Asimismo, el martes 18, pero en horas de la mañana (11 a.m.), cuando un grupo de motociclistas, con megáfono en mano y bajo insultos, obligó a cerrar los comercios del centro.
La frontera también se vio afectada con manifestaciones intermitentes que bloqueaban el Puente Internacional “Simón Bolívar”, la ausencia del transporte, el desabastecimiento, las barricadas y quemas de cauchos. No obstante, pareció existir una tregua en los días decretados no laborables, que se unieron a los feriados de carnaval, seis días en total de supuesto relax y esparcimiento para los venezolanos.
Medidas tomadas por el Gobierno
Todo este escenario de la otrora ´Ciudad de la Cordialidad´, durante el mes de febrero, se llevó a cabo mientras el Gobierno regional hacía un llamado a la paz, a reanudar las clases y abrir los comercios. Pero, ante la indiferencia de la población, el presidente Maduro en cadena nacional instaló un Estado Mayor en San Cristóbal el 20 de febrero, con la aparente militarización del estado, la brigada de Paracaidistas en la frontera, aviones surcando el cielo tachirense y el despliegue de tanquetas, ballenas y efectivos militares.
No obstante, los enfrentamientos con la GN estuvieron a la orden del día, así como las denuncias por “represiones brutales” y el “ataque de motorizados o colectivos armados” a la población. Las barricadas fueron removidas por el Ejército en horas de la madrugada, y nuevamente instaladas por las comunidades en horas de la tarde. Y aunque hoy día hay mayor movilidad en la ciudad, todavía persisten barricadas en algunos sectores.
La comunidad más afectada sigue siendo la de Pueblo Nuevo, donde el único acceso o salida es por el sector Los Kioscos. Permanecen cerradas las avenidas Ferrero Tamayo, Carabobo, España y el empalme Quinimarí. Además de la amenaza latente de cerrar el paso a partir del mediodía. Asimismo en Pirineos, donde las barricadas son de gran altura, en Santa Teresa y Las Acacias.
Otra medida del Gobierno para abordar el caos fue instalar una Conferencia por la Paz, el pasado jueves 6 de marzo, con la participación activa de sectores productivos del estado, la cual continuó desarrollándose este fin de semana a los fines de reactivar las actividades hoy lunes, cuando esperan se reinicien las clases, el comercio abra sus puertas y el transporte salga a prestar el servicio, en aras de ir normalizando el quehacer diario.