Al analizar el triste papel que ejerce la actual Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, es bueno refrescar la memoria acerca de quien era antes de juramentarse en el cargo: diputada de la bancada del partido MVR .
Una declarada activista política a favor del régimen de Hugo Chávez Frías que brincó de su curul de la Asamblea Nacional a ocupar uno de los cargos más importantes creados a partir de la Constitución Nacional, de 1999 cuyo título indica su majestad, su relevancia: Defensora del Pueblo. Óigase perfectamente, del pueblo.
La forma como Gabriela Ramírez obtuvo el nombramiento fue producto de una acción muy semejante a la famosa “Lista Tascón”, empleada para presionar a la gente. Ocurrió que en abril de 2006 el presidente Chávez le ordenó a la entonces parlamentaria oficialista (y poco después Defensora del Pueblo) recaudar firmas de mujeres empleadas de los entes públicos para “exigir ante la embajada de EEUU el retiro inmediato de las tropas norteamericanas de Irak” (1).
Sin rubor alguno, sin vergüenza o sentimiento de culpa, la Ramírez cumplió con su papel, al coaccionar a las funcionarias para obtener las rúbricas antimperialista y cumplir con el mandato gubernamental, esa orden venida directamente del poder presidencial, consiguiendo con ello, como en efecto logró, el gran trofeo de la Defensoría.
De ese modo, con tales “credenciales activistas” fue nombrada por la Asamblea Nacional dominada enteramente por la bancada oficialista: Defensora del Pueblo, cargo para el cual se exige como cualidad esencial, no estar vinculado a parcialidad política alguna, aspecto que deliberamente se saltaron los parlamentarios oficialistas, todos ex compañeros de la Ramírez en esa especie de “pagarse y darse el vuelto”.
La razón institucional de elegir a una persona con notables credenciales es porque tiene una misión esencial en razón de que la Carta Magna precisa con mucho atino las altas responsabilidades de la Defensoría del Pueblo: promoción de los derechos humanos, su vigilancia y, sobre todo, su defensa, en este caso bien preciso, de los derechos humanos de todos los venezolanos. Entiéndase bien, de toditos los venezolanos, sin distingo alguno de filiación política, sexo o religión.
Desde ese momento, la Defensora del Pueblo se convirtió en la Defensora del Gobierno (antes de Chávez y ahora de Nicolás Maduro), como advirtió con suma claridad José Miguel Vivancos, de Humans Right’s Watch al ser entrevistado por la cadena internacional de noticias CNN el pasado jueves 13 de marzo (2).
En la actualidad, Gabriela Ramírez se ofende con las justificadas críticas en su contra que surgen a partir de su inapropiada conducta. Se molesta cuando a todas luces incumple con su responsabilidad de defender y hacer valer los derechos humanos de los venezolanos.
Porque la triste realidad es que sigue interpretando la Constitución al revés, al salvaguardar y justificar al Presidente, su gobierno de las acciones bárbaras (que rayan en la crueldad y la tortura) cometidas por algunos miembros de los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares denominados Colectivos.
Una conducta verdaderamente deshonrosa porque lleva a la institución, a la Defensoría, a actuar en un sentido totalmente contrario a los intereses de 29 millones 970 mil venezolanos, en el supuesto de que el gobierno esté conformado por 30 mil personas en el alto gobierno.
Ahora Gabriela Ramírez, la otrora diputada y hoy flamante Defensora, se autojustifica en Ginebra, ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas, con la excusa de una supuesta “campaña de odio en contra, particularmente, de mi persona y de mi familia”.
Uno de los aspectos más resaltante es el empleo de ese argumento para pretender justificar la ineptitud de la institución. Textualmente afirma que “ahora mismo la Defensoría, por esta campaña, está siendo vulnerable a poder desarrollar su labor y su trabajo con eficiencia”, lo cual es inaudito porque a todas luces la Defensoría no defiende a quien debe defender: al ciudadano venezolano, al pueblo que se expresa a través de los jóvenes.
La prueba más tangible del “mundo al revés” en que actúa la Defensora del Pueblo es su aseveración de que “solo 2 casos” están siendo analizados por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, afirmación refutada y desmentida inmediatamente por Delphine Patetif, representante permanente de la ONG FIACAT ante la ONU, institución que, precisamente, combate la tortura.
Patetif , en varios tuits, señala que “el Relator Especial de la ONU contra la tortura, el argentino Juan Méndez, aseveró que se incluirían más de 30 casos de tortura, o tratos inhumanos y degradantes” contra Venezuela.
Es decir, la ex diputada del Psuv, mintió descaradamente ratificando con ello que es una activista Defensora del Régimen y contraria a los intereses del pueblo que dice representar.
Notas:
1.- Listas Tascón y Moral Revolucionaria http://www.eluniversal.com/2006/04/15/opi_art_15491E
2.- HRW responde a la Defensora del Pueblo de Venezuela
http://www.youtube.com/watch?v=8fTLq6ktYfw
3.- Funcionaria ONU desmiente a defensora: Analizarán más de 30 casos de tortura
Funcionaria ONU desmiente a defensora: Analizarán más de 30 casos de tortura