El gobierno lejos de buscar soluciones inmediatas que puedan frenar esta vesania que vivimos desde el 12 F se ha empecinado en seguir una agenda orientada por la más cruda violencia que hayamos experimentado en términos de uso de desmedido de la fuerza para reprimir a los manifestantes activos, el insulto a todo lo que suene disidencia nacional e internacional, personal o institucional, de líderes políticos, gobierno o la iglesia; silenciamiento y persecución contra los medios de comunicación y sus profesionales, el ahogamiento del sector productivo.
Una crisis política que desenmascara a las pesadas y obsoletas instituciones internacionales (OEA y ONU) cuyo origen fue construir escenarios para el dialogo, el logro de la paz y la definición de un sistema para la observancia y exigencia de los derechos humanos, las cuales han reaccionado impulsadas por intereses económicos precisos y el interés de ciertos gobiernos de adoptar posiciones acomodaticias que les permitan seguir disfrutando las canonjías del gobierno venezolano, aún en contra del bienestar de su pueblo.
Tenemos un país de dos pisos: una profunda crisis económica, reconocida por el gobierno (“Tenemos una crisis económica pero no es tan profunda”, al decir de Merentes) que subyace a la
política que ha intensificado la fractura de la sociedad al no abrir los espacios para el diálogo, la participación y la búsqueda de consensos; ambas crisis coetáneas sin precedentes y registros en Venezuela.
El pasado domingo en cadena de radio y televisión ante una escuálida asistencia de funcionarios gubernamentales en el escenario de la consabida retahíla de insultos que oculta la carencia de discurso, el Presidente de la Republica anunció de manera disfrazada una “tarjeta electrónica de alimentación”, la cual será digitalizada e instrumentada mediante un “registro biométrico”.
La “Tarjeta de Abastecimiento Seguro”, como también la denominaron, se utilizará para la compra de productos en todas las redes de comercialización del Estado y será opcional, pudiendo los venezolanos beneficiarios de nueva etapa de la “Misión Alimentación” eventualmente obtener rebajas, otros beneficios de oferta y participar para optar por “premios” diversos (planes turísticos, apartamentos de la Misión Vivienda, vehículos, financiamiento, etc.).
El Presidente acusa a la “derecha fascista” de seguir adelantado la guerra económica ahora con la “estupidez” de denunciar que se establece un racionamiento a la población para la adquisición de bienes, cuando la verdad que lo que se busca es la articulación de medidas de protección de las inversiones de recursos públicos del plan guerrerista del contrabando de alimentos hacia a Colombia.
Maduro en una euforia poco convincente indicó que con este sistema los alimentos “van a llegar al pueblo de manera segura y libre”.
Lo que ignora el Presidente que la verdadera guerra económica la hace el propio gobierno contra el empresariado y la población a través de muchas “guarimbas”, lesivas de los derechos fundamentales tanto del emprendedor como del ciudadano:
- Un ordenamiento jurídico inconsulto que busca la implementación de una planificación centralizada pendiente de buscar la interdicción de la iniciativa privada, el apoderamiento de los medios de producción de bienes y servicios, su distribución y las decisiones de consumo.
- La existencia de una ley (Ley Orgánica de Precios Justos) que pretende definir de manera discrecional sin apego a la realidad económica e incluso institucional (normativa, regulatoria y tributaria) la estructura de costos de producción bienes y servicios y, consecuencialmente, la determinación irreal de sus precios, amén de límites máximos de rentabilidad sobre escenarios que son propios de laboratorio, sin premisas de inflación, devaluación, tributación razonables o las perversión de controles.
- Así se pretende desconocer, entre otros los costos siguientes:
- El efecto de una tributación excesiva, confiscatoria e irracional que no favorece a la población, que no tiene control alguno y que se refleja inexorablemente en los precios finales de los bienes y servicios.
- El impacto de la inflación, una distorsión que afecta a todas las relaciones económicas derivadas de negocios jurídicos o actos que tiene proyección o perfeccionamiento en el tiempo en virtud que la moneda pierde su función o deja de cumplirla de manera satisfactoria como reserva de valor.
- Las políticas erráticas que se reflejan en los “ajustes monetarios” o en las sucesivas y ocultas devaluaciones.
- El esfuerzo de la iniciativa privada de garantizar estabilidad laboral real y no artificiosa y mayor empleo, negando la incidencia en la estructura de costos de la nómina de trabajadores y su incremento.
- Rechazando los costos de financiamiento en que incurren las empresas incluso para el pago del impuesto sobre la renta, nómina o la incorporación de nuevos activos necesarios para la producción de bienes o servicios.
- Ignorando los costos asociados derivados de la imposición de financiamiento a las instancias del Estado Comunal.
- Pretiriendo la onerosa y tardía devolución de impuestos a los contribuyentes del IVA.
- Los egresos que impone la ineficiente estructura prestataria de servicios para poder satisfacer ciertas necesidad que corresponden al Estado
Al desconocerse ese impacto, por tan solo nombrar algunas “guarimbas”, ¿cómo puede mantenerse el nivel y calidad de la producción?. ¿Cómo garantizar la producción y el acceso de bienes a toda la población?
Al gobierno fiel a su inserción ideológica no se le ocurre otra cosa que el racionamiento disfrazado de avance tecnológico y de juego de envite y azar.
Un sistema perverso que va contra la igualdad de los ciudadanos en virtud que solo podrán comprar en los centros de abastecimientos del Estado quienes estén registrados debidamente por ante la Misión Alimentos.
Los registros en este gobierno no son mecanismos instrumentales de eficiencia y efectividad administrativa sino mecanismos de control y exclusiones.
En medio de esta radicalización política que adelanta el propio gobierno ¿quién garantiza que los habitantes de zonas populares y sectores medios de la población, por ejemplo de Chacao, Caricuao en Caracas, Barrio Obrero o Triaba en el Táchira o La Isabelica en Carabobo tengan la posibilidad de optar por su tarjeta de alimentación segura?
El temor de la ciudadanía de la llegada del racionamiento, entonces, no es una estupidez es una evidente lesión a los derechos fundamentales.
Estupidez es querer ocultarla.
Leonardo Palacios