La posibilidad de liberar a prisioneros y permitir el regreso al país de exiliados por razones políticas está en manos del parlamento desde el 6 de noviembre de 2012, fecha en la cual los diputados de la Unidad Edgar Zambrano (AD-Lara), Hernán Alemán (AD-Zulia) y Biagio Pilieri (Convergencia- Yaracuy), consignaron en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política para contribuir con la invitación al diálogo que para la fecha había formulado el expresidente Hugo Chávez, luego de su reelección el 7 de octubre del mismo año.
Ese nuevo proyecto que consta de 2 títulos y 9 artículos, en ella se establece que los beneficiarios serían todas aquellas personas investigadas, procesadas y/o condenadas por su relación con acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela desde 1999 hasta el presente. Está acompañado del respaldo de los diputados Alfredo Ramos, Américo de Grazia, Oscar Ronderos, Freddy Marcano, Guillermo Palacios, Richard Blanco, Ismael García, Leomagno Flores, Jesús Omar González, Enrique Mendoza Abelardo Díaz, Homero Ruíz, Stalin González, Roberto Enríquez, Luis Barragán, Vestalia Sampedro, Miguel Cocciolla y Miguel Pizarro, entre otros.
En la redacción de este texto legal participaron familiares de prisioneros y exiliados del país, y desde que fue consignado oficialmente en Secretaría del Poder Legislativo, los parlamentarios que lo respaldan iniciaron una cruzada dentro y fuera del país para su promoción. En la solicitud hecha a Hugo Chávez el 8 de noviembre de 2012 para una audiencia en la que se abordaría el tema ese mismo mes, se incluyó una copia del articulado que incluso fue revisado en la reunión de trabajo realizada con los comisionados para el tema en aquella fecha, Nicolás Maduro, en su condición de Vicepresidente y Cilia Flores, como Procuradora General.
Uno de los temas más polémicos para abordar un proceso de amnistía sería la limitación para aquellas personas inculpadas por violación de derechos humanos, razón por la cual este Proyecto de Ley expresa claramente que no es a estos casos a los cuales se otorgaría el beneficio, de modo de respetar lo dispuesto en las leyes de la República y el marco legal internacional. El espíritu del legislador es brindar este beneficio a quienes todos saben que son inocentes de los crímenes que se les imputa o incluso han sido condenados, sin distinción de militancia política.
Los beneficiarios de esta ley incluirían a los implicados en los sucesos de abril de 2002 y el paro cívico de diciembre de 2002 y enero de 2003; los señalados por delitos contra la independencia y seguridad de la nación desde enero de 2002; los casos derivados de la intervención de instituciones financieras, los inhabilitados o procesados por expresar sus ideas o manifestarse a favor de cualquier corriente política o ideológica de manera pacífica y legítima, diputados exdiputados, gobernadores, exgobernadores, alcaldes, exalcaldes y dirigentes procesados judicialmente por causas políticas, y los más recientes acontecimientos en todo el país.
En los años 2000 y en 2007 se dictaron leyes de amnistía en el país una desde la Asamblea Nacional y otra por vía habilitante a través del Ejecutivo, por lo cual está demostrado que es un planteamiento coherente para aliviar las tensiones en el país y tiene plena vigencia desde la fecha de su presentación hasta el momento en el cual sea sancionada y promulgada.
En la exposición de motivos de este instrumento se expresa que “el Sistema de Justicia es la columna vertebral de cualquier sistema democrático, llámese participativo o representativo, llámese socialista o capitalista, es necesario un sistema de justicia que le permita al ciudadano sentirse protegido por el estado, que sancione con contundencia al infractor y que absuelva al inocente, dándole así el justo sentido a la palabra justicia, “Dar a cada quien lo que le corresponde”.
Nota de prensa