La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sancionó hoy en Sao Paulo, durante la apertura de la Conferencia Internacional sobre Gobernanza en Internet, la ley que consagra en Brasil el principio de la neutralidad de la red y establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios.
La mandataria suscribió el respectivo decreto presidencial que sanciona la ley poco antes de pronunciar el discurso de apertura de la llamada “NETMundial”, cita de dos días en que representantes de Gobiernos, empresas, universidades y sociedad civil de unos 85 países abordarán cuestiones como la privacidad y el derecho a la libertad de expresión en la red.
“Los derechos que las personas tienen ‘offline’ también deben ser protegidos ‘online'”, señaló Rousseff en su pronunciamiento al referirse al llamado Marco Civil de Internet, la legislación aprobada la noche del martes por el Senado y que señala que las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos.
La ley también prohíbe a las empresas cobrar precios diferentes para cada tipo de servicio prestado.
Para Rousseff, la ley es “un paso fundamental para la garantía de la libertad, de la privacidad y del respeto a los derechos de los usuarios de internet”.
En su perfil de la red social Twitter, Rousseff manifestó que el modelo brasileño regulador de los servicios de internet “podrá influir en el debate mundial en la búsqueda del camino para la garantía de los derechos reales en el mundo virtual”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, donde se refrendó el texto votado por la Cámara de los Diputados el mes pasado.
Antes de la votación, el movimiento activista global Avaaz llevó al Senado 350.000 firmas de ciudadanos a favor de la aprobación de la ley.
La ley, entre otros puntos, obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y el almacenamiento de sus datos privados, cuya venta o cesión a terceros fue expresamente prohibida.
Las operadoras de internet tendrán que mantener los registros de conexión en secreto por el plazo mínimo de un año y sólo los colocarán a disposición de las autoridades previa orden judicial.
El proyecto de ley, propuesto en 2009, tomó fuerza en Brasil tras el escándalo provocado por las denuncias del exanalista de la CIA Edward Snowden de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos espían otros Gobiernos y ciudadanos en internet.
De acuerdo con documentos filtrados por Snowden, las agencias estadounidenses espiaron las comunicaciones electrónicas de Rousseff y algunos miembros de su Gobierno, así como las de la petrolera estatal Petrobras. EFE